El Consell de Mallorca ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos, un texto que limita la entrada de automóviles por los puertos de la isla. La medida, pionera en todo el Estado, ha sido apoyada por todos los partidos a excepción de Vox, socio de gobierno del PP en la institución insular.
La iniciativa, por tanto, ha salido adelante con los votos de PP, PSIB, Mes per Mallorca y El PI. Aunque estaba previsto que Vox votara en contra, finalmente se ha abstenido argumentando que reconoce el problema del colapso circulatorio, aunque «no la receta” para solventarlo. El siguiente paso es enviar la nueva normativa al Parlament para su correspondiente tramitación, momento en que las diferentes agrupaciones políticas podrán presentar sus enmiendas.
El nuevo reglamento, similar al ya existente en Ibiza y Formentera, fija un techo anual de vehículos y una tasa de entrada. Aunque el Consell descartó su entrada en vigor para este mismo verano, la idea es que lo haga antes del final de legislatura, lo que convertiría la limitación en una realidad en 2027.
El texto establece que deben ser las navieras las encargadas de gestionar la autorización de entrada y el cobro de las tasas, así como de aprobar las exenciones a residentes y trabajadores temporales. Asimismo, está prevista la instalación de videocámaras en los puertos para la identificación de matrículas. Las sanciones oscilarán entre los 300 y los 30.000 euros.
Además de los residentes y trabajadores temporales, quedan exentos de la limitación los no residentes con una vivienda en Mallorca, aunque solo podrán introducir un vehículo. La prohibición tampoco afecta a residentes de otras islas del archipiélago balear que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que estén fuera por diversos motivos. Quedan exentos igualmente personas con movilidad reducida, vehículos oficiales y de servicio público, así como de los de transporte de bienes y mercancías o distribución comercial.
El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha puesto en valor todo el trabajo previo realizado con un estudio de carga que determinó que en la isla sobraban entre 90.000 y 120.000 vehículos. Ha anunciado además de que ya se está trabajando en el segundo estudio de carga que deberá fijar el techo anual de vehículos que pueden entrar en Mallorca. Rubio ha pedido el apoyo a todos los grupos políticos para poner en marcha esta iniciativa al considerar que «no es ideología, sino lo que pide la ciudadanía: es una cuestión de estado y un ruego que cada día nos piden los mallorquines con más y más fuerza”.
La consellera socialista, Cati Cladera, ha acusado al equipo de gobierno de no haber impulsado la ley “hasta que la presidenta del Govern, Marga Porhens, les ha dicho que apretar el botón”. Por su parte, la portavoz de Mes, Catalia Inés Perelló, ha reivindicado el papel de la formación ecosoberanista en la defensa desde tiempo atrás de una medida como esta.
A pesar del apoyo de la izquierda, las tensiones y los enfrentamientos dialécticos han estado presentes en los últimos días. El PSIB ha acusado al PP de hacer un “uso estratégico” de la ley para marcar perfil frente a Vox por motivos electorales. Los socialistas critican además que rechazaran su apoyo para aprobar la regulación vía decreto ley en el Consell de Govern y así ahorrarse la larga tramitación parlamentaria.
Al hilo de estas acusaciones, ha opinado al respecto este mismo viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, quien ha considerado que optar por ese procedimiento sería “un ataque” a la autonomía del Consell. En declaraciones recogidas por Europa Press, Costa ha remarcado que el Ejecutivo autonómico quiere ser respetuoso con la institución insular, al tiempo que ha expresado sus dudas en torno a la viabilidad de ese proceso como alternativa. «No quisieron hacer nada cuando gobernaban y ahora tienen una prisa tremenda», ha criticado señalando al PSIB.