Entre 420 y 510 millones de euros. Ese es el impacto estimado de las grandes plataformas extracomunitarias de venta online sobre la facturación del comercio de Baleares. Así lo ha expuesto la Federación de Asociaciones Empresariales de Comercio de Balears (AFEDECO), que reclama medidas a los poderes públicos para poder competir en rango de igualdad con empresas de fuera de la Unión Europea que operan beneficiadas por una carga normativa y fiscal mucho menor.
La estimación se basa en un estudio elaborado recientemente por Análisis Económico Integral (AIE) para la patronal estatal de empresas de distribución, ANGED. Dicho informe indica que a nivel de toda España esa cifra ascendería a una cantidad de entre los 22.000 y los 27.000 millones de euros en ventas acumuladas hasta 2030, con un impacto potencial de hasta 94.500 empleos. «No estamos cuestionando ni Internet ni la libertad del consumidor; el problema es que nuestros comercios compiten con plataformas que, en la práctica, no soportan el mismo nivel de costes ni de obligaciones», afirma la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, para insistir en que la Administración debe poner el foco en las condiciones en las que compiten estas plataformas de ámbito global, que agrupan nombres de sobra conocidos por el gran público, como Amazon, AliExpress, Temu, Walmart o Ebay.
En ese sentido, remarca que los comercios baleares operan dentro de un marco regulatorio especialmente exigente que se convierte en un lastre cuando los gigantes digitales multinacionales campan a sus anchas. Sobre el papel, las normas deberían ser de obligado cumplimiento para todos, pero la red del microcomercio mundial es tan vasta y densa que se hace prácticamente imposible un seguimiento eficaz. «Formalmente deberían cumplir con la normativa europea, pero el control efectivo de millones de envíos y productos es claramente insuficiente. Eso genera una situación de desequilibrio que perjudica directamente al comercio que sí cumple». Así, calculan que solo en 2025 entraron en la UE cerca de 5.900 millones de envíos de bajo valor, más de un 25 % más que el año anterior. Más del 90 % procede de China y otros países del entorno asiático.
Asimismo, las patronales locales advierten de que el incumplimiento se extiende también a estándares de protección del medio ambiente y derechos de los trabajadores en los lugares de origen. Competir con modelos productivos y logísticos con regulaciones más laxas en estas materias tiene también un impacto en los costes y, por ende, en la capacidad competitiva. «No pedimos ventajas ni proteccionismo. Pedimos algo tan sencillo como que quien venda al consumidor europeo cumpla de verdad las mismas reglas. Cuando unos operadores soportan todas las obligaciones y otros pueden eludirlas total o parcialmente, no estamos hablando de competencia, sino de desequilibrio».
Los establecimientos de Baleares, defienden desde la patronal, tributan en España, generan empleo sujeto a la legislación laboral, cumplen obligaciones estrictas en materia de consumo, seguridad de los productos, protección de datos, gestión de residuos, reciclaje, trazabilidad y sostenibilidad ambiental, y asumen además costes asociados a locales, licencias, inspecciones, cotizaciones sociales o prevención de riesgos laborales.
En este contexto, la Federación reclama medidas como el refuerzo de los controles aduaneros, mejora de los sistemas de inspección, garantizar la trazabilidad de los productos y exigir responsabilidades efectivas a las plataformas. Un plan de choque global que, a su juicio, debe lucir el cartel de prioritario en la agenda económica española y europea de los próximos años. Este es un caballo de batalla que lleva ya más de una década en el centro de las reivindicaciones del tejido empresarial local en las Islas, cuya queja es un eco de la producida en tantos otros territorios del entorno europeo. Sin igualdad competitiva, advierten, ese tejido local se acabará yendo a pique.