Gobierno, sindicatos y empresarios vuelven a reunirse este jueves, a partir de las 10.00 horas, para tratar de acordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados al Covid hasta el 31 de enero.
El pasado martes, el Ejecutivo propuso a los agentes sociales que, en el nuevo esquema que debe entrar en vigor el 1 de octubre, se vincule el mantenimiento de las exenciones a la Seguridad Social con acciones formativas para los trabajadores afectados por ERTE. Dichas acciones formativas tendrían que desarrollarse entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022, según la propuesta presentada por el Ejecutivo, que ha generado entre los agentes sociales dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación.
En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Gobierno prevé sufragar con fondos públicos «el grueso» de las acciones formativas propuestas. El ministro ha indicado que estas acciones formativas se plantean como una condición, ya que considera «muy importante» ensayar este modelo de formación pensando en el modelo de ERTE estructural que se quiere implantar en el marco de la reforma laboral para cuando pase la pandemia.
Para Escrivá, lo más importante de la nueva prórroga es que las empresas deben solicitar de forma activa el ERTE y presentar el plan de formación, el cual será evaluado por la autoridad laboral. El ministro ha negado que estas nuevas obligaciones se hayan planteado para desincentivar los ERTE.
Desde CCOO, su líder, Unai Sordo, ha manifestado que ahora mismo se está «lejos» de alcanzar un acuerdo por los nuevos elementos que ha introducido el Gobierno en su propuesta de renovación de ERTE, entre ellos el de la formación. Sordo ha dejado claro que no es el momento de plantear algo así en una renovación de los ERTE pensada para cuatro o cinco meses, ya que donde debería introducirse esta medida es en el mecanismo estructural que sustituirá a los ERTE y que va dentro del paquete de reforma laboral.
«A veces una buena idea puesta encima de la mesa fuera de tiempo se convierte en una mala idea (…) Tengo ciertas dudas de que la propia administración esté en disposición de garantizar planes de formación coherentes para el cuarto millón de personas que permanecen en ERTE y esta idea, que es buena estratégicamente para ERTE estructurales, si la sacamos antes de tiempo a la palestra, puede generar frustración y problemas en el mantenimiento de los ERTE hasta final de pandemia», ha explicado.
Por su parte, UGT ha señalado que otro de los planteamientos que ha hecho el Gobierno en la mesa genera «confusión»: que la prórroga de los ERTE no se produzca de manera inmediata, sino que las empresas deberán solicitarla antes del 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores.
Pasado ese plazo, la Administración tendrá diez días para resolver la solicitud y en caso de no resolución se entenderá desestimada. «Este punto, el del silencio negativo, ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud», ha advertido UGT.
La propuesta del Gobierno también unifica las exoneraciones y mantiene las exenciones en el 100% para los ERTE de impedimento, en el 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y en el 40% para las empresas con más de 50 trabajadores, porcentajes inferiores a los vigentes actualmente.
Del mismo modo, la propuesta del Gobierno contempla la prórroga de las actividades ultraprotegidas y las situaciones de fijos-discontinuos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que seguirá trabajando de manera intensa para conseguir un acuerdo y se ha mostrado convencida de que las discrepancias se resolverán en unos días.
