El Gobierno ha dado más margen a los centros de datos para adaptarse a las nuevas exigencias energéticas y ambientales. El Ejecutivo ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regula estas infraestructuras, con un periodo transitorio de hasta 5 años, hasta 2031, para cumplir progresivamente determinados requisitos de abastecimiento renovable. La flexibilidad tiene una contrapartida: las instalaciones que se acojan a este régimen deberán aceptar posibles desconexiones sin compensación económica cuando la estabilidad de la red eléctrica lo requiera.
La nueva propuesta llega después de recibir más de 600 alegaciones y modifica algunos de los requisitos del borrador inicial. Entre los cambios destaca la elevación de 1 a 10 megavatios (MW) del umbral general de potencia de acceso a la red para aplicar las principales obligaciones. La norma busca ordenar el crecimiento de una industria cuyo desarrollo, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube, plantea nuevos desafíos para el sistema eléctrico.
El 80% de la electricidad deberá proceder de renovables
El Gobierno mantiene una de las principales exigencias del proyecto: los centros de datos deberán respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable, con correlación horaria entre generación y demanda. Esto significa que las empresas tendrán que acreditar que la electricidad limpia asociada a sus instalaciones se corresponde con las horas en las que consumen energía, y no únicamente con un balance anual.
La propuesta introduce, sin embargo, más flexibilidad para facilitar el cumplimiento. Amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de determinadas instalaciones renovables que pueden vincularse a los centros de datos y reduce de 10 a seis años la duración mínima prevista para ciertos contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA. También incorpora el almacenamiento con baterías entre las alternativas para gestionar la diferencia entre generación y consumo.
Más margen, a cambio de aceptar desconexiones
Los centros de datos que se acojan al periodo transitorio podrán cumplir gradualmente los requisitos de correlación horaria renovable, con objetivos progresivos. A cambio, deberán integrarse en el sistema de reducción automática de potencia, que permite interrumpir el suministro cuando sea necesario para proteger la estabilidad eléctrica, sin indemnización y respetando las condiciones de respuesta establecidas.
La condición introduce un nuevo factor para los operadores, cuyas instalaciones necesitan un suministro continuo para alojar servicios digitales y ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial. La posibilidad de desconexión obliga a valorar los sistemas de respaldo, la redundancia y la capacidad de trasladar operaciones a otras instalaciones.
La eficiencia energética y el agua también cuentan
El proyecto regula asimismo el rendimiento energético y el consumo de agua. En el primer ámbito, amplía de 1,15 a 1,25 el margen transitorio del indicador PUE, que mide la eficiencia energética de un centro de datos, para determinadas instalaciones. Esta adaptación se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2031 para los centros que formalicen su contrato de acceso a la red antes de 2029.
En materia hídrica, el texto mantiene exigencias elevadas de eficiencia, en un contexto en el que la refrigeración de estas instalaciones puede requerir grandes cantidades de agua. La ubicación, la disponibilidad de recursos y el diseño de los sistemas de refrigeración se convierten así en factores relevantes para la inversión.
España busca atraer inversión sin tensionar la red
La reforma llega mientras España intenta consolidarse como destino para nuevas infraestructuras digitales. Según SpainDC, la asociación sectorial, el país contaba a finales de 2025 con cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 MW de potencia instalada, un 24% más que el año anterior. La organización prevé que la capacidad alcance los 2.537 MW en 2030, con inversiones estimadas de 66.900 millones de euros hasta ese año.
Estas previsiones reflejan el potencial del mercado, aunque no garantizan que todos los proyectos anunciados lleguen a construirse. La disponibilidad de conexión eléctrica, el coste del suministro y la capacidad de cumplir los requisitos ambientales condicionarán su ejecución.
El objetivo del Gobierno es evitar que el crecimiento de los centros de datos encarezca la electricidad para hogares e industrias o aumente la presión sobre recursos como el agua. La nueva propuesta ofrece más tiempo a determinados proyectos, pero mantiene la exigencia de vincular la expansión digital a un suministro energético más sostenible. El texto deberá completar todavía su tramitación antes de convertirse en una norma definitiva.
