El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, conocida como ley ómnibus, culminando así la entrada en vigor de una de las reformas legislativas más amplias impulsadas por el Govern durante la presente legislatura.
La norma recibió el respaldo del Parlament a finales del pasado mes de mayo tras una intensa tramitación parlamentaria en la que se incorporaron centenares de enmiendas que modifican decenas de leyes autonómicas. El resultado fue un texto cinco veces más extenso que el decreto inicial, ampliando considerablemente su alcance más allá del objetivo original de agilizar proyectos considerados estratégicos para la diversificación y modernización de la economía balear.
Entre las principales novedades figura la creación de la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), concebidos para acelerar inversiones públicas y privadas mediante una reducción de los plazos administrativos y una mayor coordinación entre administraciones. El Ejecutivo autonómico defiende que este instrumento permitirá desbloquear iniciativas vinculadas a sectores considerados prioritarios, como la innovación, la industria, la vivienda, la transición energética o las infraestructuras.
La ley también incorpora un amplio paquete de medidas de simplificación administrativa destinadas a reducir cargas burocráticas para ciudadanos, empresas y administraciones públicas. En este marco se modifican procedimientos urbanísticos, medioambientales y de contratación, con el objetivo de facilitar la ejecución de inversiones y mejorar la competitividad del archipiélago.
El texto incluye igualmente cambios en ámbitos muy diversos, desde la función pública hasta la política fiscal, educativa y social. Entre ellos destacan nuevas deducciones tributarias, la flexibilización de determinados requisitos lingüísticos para acceder a plazas públicas en sectores con déficit de profesionales, así como modificaciones en el acceso a algunas prestaciones sociales.
Control de la oferta ilegal
En materia turística, una de las áreas con mayor impacto económico en las Islas, la ley introduce ajustes en la normativa para reforzar el control de la oferta ilegal de alojamiento. Entre las medidas más relevantes figura el endurecimiento del régimen sancionador, permitiendo imponer multas coercitivas de hasta 5.000 euros diarios para garantizar el cese efectivo de la actividad clandestina, además de reforzar los mecanismos de inspección y actuación frente a los reincidentes. El Govern sostiene que estas modificaciones buscan proteger la oferta reglada, mejorar la calidad del destino y favorecer una competencia en igualdad de condiciones.
Durante la tramitación parlamentaria, el proyecto generó un intenso debate político. MÉS per Mallorca y Més per Menorca fueron las formaciones más críticas con una iniciativa que, a su juicio, excedía ampliamente el contenido inicial del decreto y acumulaba modificaciones legislativas de naturaleza muy diversa bajo un único texto normativo.
Ambos grupos parlamentarios ya anunciaron su intención de presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al considerar que la tramitación vulneró principios de seguridad jurídica y limitó el adecuado debate parlamentario sobre reformas de gran calado.
