El actual presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto en marcha el reloj electoral. Este martes convocó una reunión extraordinaria para el próximo 1 de julio con el objetivo de fijar la fecha de los comicios, antes de noviembre. Garamendi también ha confirmado que se presentará para afrontar un nuevo mandato.
La patronal española afronta así la renovación de su presidencia en un momento especialmente sensible para las empresas por la tensión política, el deterioro del diálogo social, y el debate sobre costes laborales y seguridad jurídica. El contexto internacional también marca la agenda económica en torno a la productividad, la competitividad, la energía, la defensa, y la tecnología.
Lo que se juega la empresa española es, ante todo, su capacidad de influencia en las decisiones de política laboral, con CEOE como principal interlocutor empresarial en el diálogo social, con sindicatos y Gobierno. Su presidencia marcará el tono en asuntos relevantes que hoy están encima de la mesa: salarios, jornada laboral, absentismo, cotizaciones, fiscalidad, etc.
Las claves del proceso electoral
La primera clave en estas elecciones es el calendario. Garamendi ha convocado al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para activar el proceso y fijar la fecha de la Asamblea Electoral, que previsiblemente se celebrará a comienzos de otoño. Los estatutos obligan a señalar la fecha con al menos tres meses de antelación, lo que convierte esa reunión en el arranque formal de la carrera. Si se confirma el calendario previsto, CEOE resolverá su liderazgo antes de que concluya el mandato actual y antes de entrar de lleno en el último tramo político y económico del año.
La segunda clave es quién vota. El presidente de CEOE no es elegido directamente por las empresas, sino por los representantes de la Asamblea General Electoral, que proceden de las organizaciones miembro de pleno derecho. Es decir, pesan tanto las grandes sectoriales como las territoriales, en función de la representación asignada. Esta arquitectura convierte cada elección en un equilibrio entre sectores, territorios, grandes empresas, pymes y organizaciones con intereses no siempre idénticos.
La tercera clave es cómo se presenta una candidatura. Para concurrir a la presidencia no basta con anunciar la intención de competir. Los candidatos deben presentar su candidatura en plazo y reunir avales de al menos el 10% de los electores, procedentes de al menos seis organizaciones distintas. La norma dificulta candidaturas testimoniales y obliga a cualquier aspirante a demostrar previamente una base real de apoyo interno. En la práctica, esa exigencia mide si hay una alternativa organizada o solo malestar disperso.
En este sentido, la elección puede resolverse sin votación si solo se admite una candidatura válida. En ese caso, el candidato queda proclamado presidente. Este punto es relevante porque, salvo que aparezca una opción con apoyos suficientes, el proceso puede convertirse en una ratificación del liderazgo de Garamendi más que en una competición abierta.
En 2022 sí hubo rival: Virginia Guinda concurrió frente a Garamendi, que fue reelegido con una amplia mayoría. Garamendi llegó a la presidencia de CEOE en 2018 y fue reelegido en 2022. La reforma estatutaria aprobada en 2023 eliminó el límite de dos mandatos, lo que le permite optar de nuevo al cargo y, si gana, continuar al frente de la patronal hasta 2030.
El clima en CEOE
El proceso llega con un foco de tensión interna vinculado a las elecciones de Cepyme en mayo de 2025. Según publicó El Confidencial, la Autoridad Independiente de Protección del Informante ha otorgado la condición de «informante protegido» a José Manuel de Riva Zorrilla, exvicepresidente de Cepyme, tras una denuncia relacionada con el desarrollo de esos comicios.
Por otro lado, Garamendi ha endurecido en los últimos meses su discurso sobre la situación institucional, la separación de poderes, la seguridad jurídica y la necesidad de estabilidad. «La situación es bochornosa, los españoles no merecen esto», dijo hace semanas. También acusó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de «injerencias». La patronal madrileña CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) ha ido más lejos al reclamar directamente elecciones generales.
Durante los últimos años, CEOE ha firmado acuerdos relevantes con Gobierno y sindicatos, pero la relación se ha deteriorado. De hecho, España no vive un acuerdo tripartito en el marco laboral desde hace ya dos años, desde julio de 2024, cuando se firmó un acuerdo para compatibilizar trabajo y pensión. Ahora la empresa española se juega la capacidad de condicionar debates relevantes. Sin ir más lejos, los Presupuestos.
