Samuel Eto’o ha logrado una importante victoria judicial frente a la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional ha anulado una liquidación fiscal de 409.300 euros correspondiente al IRPF de 2005 y la sanción asociada al procedimiento, al considerar que la Inspección excedió los plazos legales establecidos para concluir sus actuaciones.
La sentencia, dictada el pasado 22 de abril y todavía susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, supone el cierre provisional de un litigio que se ha prolongado durante más de una década y que tenía como origen la tributación de los derechos de imagen del exdelantero del FC Barcelona.
La clave no fue el fraude, sino el tiempo
A diferencia de otros procedimientos fiscales relacionados con deportistas de élite, la Audiencia Nacional no entra a valorar si la estructura utilizada por Eto’o para gestionar sus derechos de imagen era válida o constituía una simulación destinada a reducir la factura fiscal.
El fallo se centra en una cuestión procesal: la duración de la inspección tributaria.
Según la resolución judicial, las actuaciones inspectoras se prolongaron durante 877 días. Hacienda intentó justificar parte de ese tiempo alegando retrasos atribuibles al contribuyente, pero el tribunal considera que varias de esas dilaciones no estaban suficientemente acreditadas. Una vez descontados esos periodos, la inspección superó el límite legal de doce meses vigente en aquel momento.
La consecuencia jurídica fue determinante: las actuaciones perdieron eficacia para interrumpir la prescripción y el derecho de la Administración para regularizar el ejercicio fiscal de 2005 quedó extinguido.
Más de 409.000 euros en juego
La Agencia Tributaria sostenía que determinados ingresos derivados de los derechos de imagen de Eto’o debían tributar directamente en su IRPF y no a través de sociedades vinculadas. La regularización ascendía exactamente a 409.300 euros, de los cuales algo más de 303.000 euros correspondían a cuota tributaria y alrededor de 105.000 euros a intereses de demora. Además, el expediente incluía una sanción por infracción tributaria que también queda anulada como consecuencia de la sentencia.
Entre los importes cuestionados por Hacienda figuraban ingresos procedentes de contratos con Puma, el FC Barcelona y otros acuerdos comerciales vinculados a la explotación de la imagen del futbolista.
Un precedente relevante para las inspecciones fiscales
Más allá del caso concreto de Eto’o, la resolución vuelve a poner el foco en una cuestión especialmente sensible para la Agencia Tributaria: el cumplimiento estricto de los plazos en los procedimientos de inspección.
La Audiencia Nacional concluye que, al haberse superado el plazo máximo legal, la Administración perdió la capacidad de interrumpir la prescripción del ejercicio investigado. En términos prácticos, ello impide exigir tanto la deuda tributaria como la sanción derivada del procedimiento. La sentencia también revoca las resoluciones previas del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que habían avalado la posición de Hacienda.
Un frente distinto al fraude fiscal reconocido en 2022
La victoria judicial de Eto’o afecta exclusivamente al ejercicio fiscal de 2005 y no modifica los procedimientos penales posteriores. En 2022, el exfutbolista alcanzó un acuerdo con la Fiscalía por hechos correspondientes a los ejercicios 2006-2009, reconociendo un fraude fiscal de 3,87 millones de euros. Como parte de ese pacto aceptó una pena de 22 meses de prisión y multas económicas asociadas.
Precisamente por ello, la resolución de la Audiencia Nacional adquiere relevancia adicional: separa completamente el expediente de 2005 de aquellos procedimientos posteriores y concede al exjugador una victoria total en este litigio concreto frente a la Agencia Tributaria.
Con la anulación de la liquidación y de la sanción, Eto’o evita el pago de más de 409.000 euros reclamados por Hacienda y suma una de las victorias procesales más relevantes de los últimos años en materia de inspecciones fiscales a grandes contribuyentes. La decisión, sin embargo, todavía podría ser revisada por el Tribunal Supremo si finalmente se admite un recurso de casación.
