Europa atraviesa un momento decisivo. La pandemia, las guerras, las tensiones geopolíticas y los desafíos climáticos han puesto de manifiesto una realidad incómoda: el continente mantiene dependencias estratégicas en ámbitos esenciales como la salud, la alimentación, la energía o las cadenas de suministro industriales. En este escenario, la autonomía estratégica europea ha dejado de ser una aspiración política para convertirse en una necesidad económica y de seguridad. En el centro de este debate, la biotecnología se sitúa como uno de los sectores claves para el futuro de Europa.
En este contexto, se hace más relevante conocer y reconocer su dimensión más allá de una óptica puramente científica o sanitaria. Estamos hablando de una infraestructura tecnológica, económica y social crítica para Europa y para España. Una tecnología habilitadora, transversal, con la capacidad de poder contribuir a transformar industrias, reforzar la soberanía industrial europea y generar crecimiento económico de alto valor añadido.
No es casualidad que la Comisión Europea haya identificado a la biotecnología como una deep tech estratégica para el futuro de la Unión. Tampoco que los informes de Draghi y Letta insistan en la necesidad urgente de reindustrializar Europa, integrar realmente el mercado único y apoyar sectores estratégicos como el biotecnológico. Porque la biotecnología es innovación, es industria, empleo, inversión, resiliencia y autonomía.
Hace unos meses presentamos en AseBio un mapa de la geopolítica en biotecnología que reflejaba con claridad la magnitud de esta carrera global. Mientras China aumenta de forma acelerada su capacidad innovadora y el volumen de solicitudes de patentes, Europa pierde peso relativo. Estados Unidos mantiene el liderazgo comercial y una mayor concentración empresarial. Europa conserva una posición sólida en calidad científica, aunque cada vez más tensionada. China, por su parte, está construyendo estratégicamente la base investigadora que puede sostener un futuro liderazgo global. La conclusión es clara: la competencia ya no es únicamente tecnológica, sino también industrial, económica y geopolítica.
España es un buen ejemplo del potencial de crecimiento de esta área. Según el último Informe AseBio, la biotecnología en España generó en 2023 más de 13.000 millones de euros de renta (1,1% del PIB), una recaudación fiscal superior a los 5.200 millones de euros y más de 131.000 empleos, con una elevada cualificación y una productividad por empleado tres veces superior a la media nacional.
Además, las compañías biotech figuran entre las industrias con mayor intensidad en I+D de la economía española, con una inversión anual en I+D superior a 860 millones de euros. Además, España ocupa ya la novena posición mundial en producción científica en biotecnología y mantiene un ecosistema empresarial que supera las 1.000 compañías.
Sin embargo, el verdadero reto está en superar barreras como la fragmentación regulatoria, la escasa integración de los mercados de capitales y las dificultades para escalar proyectos tecnológicos complejos han generado durante años un escenario en el que muchas startups y scaleups biotecnológicas acaban buscando financiación, capacidad industrial o crecimiento fuera de las fronteras españolas y europeas. El continente produce ciencia, pero no siempre captura su valor.
A ello se suma la propia naturaleza de este ámbito: largos ciclos de desarrollo, elevadas necesidades de inversión y complejos procesos regulatorios y de biofabricación. El conocido “valle de la muerte” sigue siendo una barrera para muchas compañías innovadoras que necesitan apoyo para avanzar desde la investigación hasta el mercado. Frente a ello, otras regiones fuera de Europa han desplegado políticas industriales ambiciosas combinando financiación, regulación adaptada e incentivos al escalado industrial. Europa no puede permitirse quedarse atrás. De ahí la relevancia de iniciativas como la Biotech Act I europea, llamada a marcar un punto de inflexión en la política industrial del continente.
Por primera vez, Bruselas reconoce de forma explícita la biotecnología como una prioridad estratégica para el futuro económico e industrial europeo. El desafío ahora es convertir esa ambición en políticas tangibles: marcos regulatorios adaptados, financiación adecuada para tecnologías intensivas en I+D, acceso a infraestructuras de escalado y políticas que favorezcan la transferencia efectiva del conocimiento al mercado.
España también avanza en esta dirección. La Estrategia Nacional Deep Tech, impulsada por el Gobierno, supone un reconocimiento claro del papel estratégico de tecnologías como la biotecnología para responder a los grandes desafíos. La movilización de hasta 8.000 millones de euros hasta 2030 y el enfoque coordinado entre ciencia, industria y administración pública, abre una oportunidad real para consolidar y escalar un ecosistema que ya ha demostrado capacidad científica y empresarial.
En este proceso, el papel de la colaboración público-privada será determinante. Compañías globales con una fuerte presencia en España, como MSD, contribuyen a dinamizar el ecosistema mediante inversión en I+D, transferencia de conocimiento y desarrollo industrial, reforzando la posición del país en la cadena de valor global de la innovación.
La biotecnología claramente es estratégica para España y para Europa. La cuestión ahora es quien liderará su desarrollo y crecimiento.
La buena noticia es que Europa cuenta con talento, ciencia y empresas preparadas. Ahora, necesita un entorno que permita convertir ese potencial en crecimiento, industria y autonomía estratégica real. Porque el futuro económico de Europa dependerá, en buena medida, de su capacidad para entender que la biotecnología no es solo ciencia: es la gran infraestructura crítica para el siglo XXI. El momento de actuar es ahora.
Por Cristina Nadal, presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) y directora ejecutiva de Government Affairs de MSD en España.
