El futuro de los puertos catalanes vuelve al centro del debate político. El Parlament de Catalunya ha abierto la puerta a modificar la ley para blindar la continuidad de los clubes de mar y reforzar su papel como infraestructura social, más allá de su dimensión deportiva o económica.
La iniciativa tomó impulso tras la comparecencia de Josep Maria Isern, presidente de la Federació Catalana de Vela, quien defendió un modelo portuario equilibrado en el que la actividad empresarial conviva con el acceso ciudadano al mar. En una comunidad con 580 kilómetros de costa, sostuvo, el deporte federado forma parte del sistema social y educativo, y necesita estabilidad normativa para seguir creciendo.
Los datos ilustran esa dimensión: 53.700 federados en 2025, más de 800 competiciones organizadas y 582 profesionales implicados, además de programas de vela escolar, adaptada y de inserción social. A ello se suma una red de 90 clubes de mar —entre playa y puerto— que actúan como puerta de entrada al litoral para miles de familias.
La reforma de la ley de Puertos de 2019 busca reconocer esa función pública: reservar espacios específicos para actividades federadas, ajustar cánones y tasas cuando exista promoción deportiva y, sobre todo, dotar de mayor seguridad jurídica a las concesiones en dominio público. El objetivo es evitar que la incertidumbre comprometa inversiones, formación o competiciones internacionales.
Con el respaldo transversal de los grupos parlamentarios y en coordinación con la Generalitat de Catalunya, el mensaje es claro: el puerto no es solo una infraestructura productiva, sino también un espacio de cohesión social. En un territorio volcado al mar, preservar los clubes náuticos equivale a preservar el acceso público al litoral.
