Opinión Jesús Rodríguez Lenin

La rocambolesca historia detrás de ‘Megamix brutal’

La serie documental que se puede ver desde la semana pasada en RTVE Play es absolutamente real: el intento de secuestro de un ejecutivo discográfico a cargo de su ex socio. Pero es un caso aislado, dentro de un sector que brilla, sin ironía, por su limpieza.

Imagen de la mini serie documental 'Megamix brutal' de RTVE Play. (Foto: RTVE Play)

Ha llegado a las pantallas de la televisión digital –a RTVE Play en concreto, gratis– Megamix brutal, una mini serie documental de tres episodios (no llega, en total, a dos horas y veinte minutos de duración)– que nos sumerge de lleno en uno de los casos mas insólitos de delincuencia en el mundo de la industria musical española. La serie, dirigida por Rafa de Los Arcos –realizador de televisión en programas como Salvados (La Sexta) o la serie documental de HBO-MAX Publio, el secuestro sin fin, y responsable de videoclips para artistas como Love of Lesbian, Niños Mutantes o Julio de la Rosa–, cuenta la historia de Max Music, una discográfica creada a principios de los años 80 en Barcelona por Miquel Degà y Ricardo Campoy, dos jóvenes apasionados por la música de baile, amigos desde los quince años, que revolucionaron la industria musical nacional con la serie de álbumes de música de baile conocidos como “megamixes”. La historia de éxito, que les hizo millonarios a ambos, y que entretejió sus relaciones hasta convertirse en padrinos de los hijos del otro, se convirtió años después en una historia delictiva cuando Miguel Degà encargó asesinar a su exsocio, Ricardo Campoy, que había abandonado Max Music por desavenencias comerciales y se aventuró a crear Vale Music en 1997, convirtiéndose en su más directo competidor.

El enfrentamiento comercial hizo que Degà contratara a tres sicarios mexicanos –Jesús Lozano Leal, Ulises Cuéllar Pachecho y Lino Fernando Rosales Zavala– para que secuestraran y mataran a Ricardo Campoy, su hermana, el padre de ambos, y a Santiago Rusiñol, exgerente de Max Music que se había marchado a Vale Music con Campoy. El 3 de septiembre de 1998 los sicarios secuestraron por error al dj Josep María Castells, por su parecido físico con Campoy y por tener el mismo modelo de coche que el ejecutivo discográfico y aparcar en el mismo garaje. Después de haberle agredido físicamente, cuando le desamordazaron Castells pudo demostrarles que no era su objetivo, y mientras los secuestradores decidían qué hacer con él, el dj logró escaparse en un momento de despiste y salir corriendo del pantano de La Baells, cerca de Berga, donde habían llegado con la furgoneta empleada para el secuestro. Castells consiguió llegar esa misma noche a una comisaría donde denunció los hechos y, esa misma noche, la Guardia Civil detuvo a los culpables de la agresión en la discoteca Maremagnum de Barcelona, donde se habían reunido con Degà para explicarle lo sucedido.

En junio de 2001 los sicarios fueron condenados a seis años y medio de prisión por secuestro, robo, hurto y lesiones y Degà a tres años de cárcel por el secuestro de Castells y a otros dos años más por sobornar de forma habitual a un guardia civil para que le informase de todo tipo de denuncias o incidencias relacionadas con empresas del sector discográfico, pero en marzo de 2005 se fugó de la cárcel de Quatre Camins, durante un permiso penitenciario… y sigue en paradero desconocido.

La serie, coproducida por 3Cat en colaboración con Producciones del Barrio, es un documental con recreaciones dramatizadas de los acontecimientos, en el que interviene como narrador el locutor de radio Fernando Martínez conocido popularmente como Fernandisco, y participan, explicando lo que sucedió, el propio Ricardo Campoy, Félix Buget (otro empresario discográfico del momento, fundador de Blanco y Negro), Narcís Rebollo (actual presidente de Universal Music y marido de Eugenia Martínez de Irujo, que trabajó en el departamento de promoción de Max Music), los cantantes Ángel Beato (de Viceversa) o Rebeca o los dj’s Mike Platinas, Toni Peret y Josep María Castells, entre otras muchas voces.

La realidad del sector

La rocambolesca historia de Degà no es más que una anécdota en el mundillo discográfico español. Aunque siempre haya quien quiera verter todo tipo de infundios sobre las maneras mafiosas de la industria musical española, este es, en términos generales, un sector caracterizado por una delincuencia muy escasa, y los pocos casos que suceden se limitan a delitos económicos o de tráfico de drogas. Hay, eso sí, casos llamativos, como el de Carlos Vázquez, alias “Tibu” –el que fuera manager de El Canto del Loco, Hombres G, Marta Sánchez, Mägo de Oz, José Mercé o Luis Eduardo Aute, entre otros muchos artistas–, que cumplió condena de cuatro años, dos meses y un día –de enero de 2015 a abril de 2019–, por deslealtad societaria y apropiación indebida de 220.000 euros después de una querella presentada por El Canto del Loco. O el de Bartolomé “Tolo” Pomar y su esposa, propietarios de Romantic Spectacles, empresa líder en contratación de espectáculos en Baleares y Canarias, condenados a once años de cárcel por delitos contables y contra Hacienda, por un valor de 1,6 millones de euros. Otro promotor de espectáculos, el gallego Ángel Martínez Pérez, propietario de Espectáculos Lito, se suicidó antes de ingresar en prisión con una pena de dos años y tres meses de cárcel por defraudar a Hacienda.

El tráfico de influencias ha sido otro de los delitos en el que encontramos a personajes de la industria de la música en vivo, como es el caso de José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, investigado por siete delitos en la trama Púnica del Partido Popular, y que no llegó a ser condenado en firme por fallecer en el verano de 2020. Aunque lo más común está relacionado con el tráfico de drogas, como es el caso de Jesús Caja, también fallecido, famoso por su trabajo como manager de Barón Rojo, o el dj Nando Dixkontrol, en la cárcel desde 2021 por traficar con 200 kilos de MDMA y 76 de speed.

Lo más bochornoso, sin embargo, y por todo lo contrario, es decir, por falsa denuncia, fue el descrédito público que sufrió Teddy Bautista, el que fuera poderoso presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, acusado de desvío de fondos de la entidad en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional entre octubre y diciembre de 2020, y del que salió absuelto completamente, al igual que los otros nueve acusados, incluido el principal falso acusado, José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, una sociedad creada para ofrecer servicios que facilitaran la difusión en internet de los autores de la SGAE.

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