El Gobierno abordará las medidas necesarias para «acelerar» las inversiones en redes eléctricas para afrontar la transición energética, sin descartar el escenario de elevar el límite actual existente, una de las grandes reivindicaciones del sector eléctrico en los últimos años.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron a Europa Press ser conscientes de que se está «en un momento crítico, en el que se requiere acelerar las inversiones», por ello recordaron que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha incorporado una línea de 1.000 millones para redes, «y con eso se ha incrementado notablemente inversión en alta tensión».
Asimismo, defendieron que es «pertinente» plantear un incremento del límite de inversión, «siempre que eso permita más volumen de inversión (y no que se destine a alimentar más rentabilidad)».
En este sentido, las mismas fuentes subrayaron que el límite a la inversión en redes «es una medida de protección a los consumidores para evitar que se encarezca la factura» y afirmaron que desde la Secretaría de Estado de Energía «se viene trabajando en distintos escenarios para adoptar las medidas más adecuadas».
Por ello, mostraron su «sorpresa por la intrepretación» de las palabras de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, esta semana a su llegada al consejo informal de ministros de Energía en Bruselas.
En los últimos tiempos, la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dejado abierta la puerta en varias ocasiones a incrementar ese límite a las inversiones en nuevas redes eléctricas actualmente existente.
En el caso de la red de transporte –con Red Eléctrica (REE)– y en el de distribución –principalmente con Iberdrola, Endesa y Naturgy–, las empresas son las encargadas de desarrollar las redes, aunque tienen establecido un tope anual a la inversión, ya que las inversiones son asumidas finalmente por los consumidores vía recibo de la luz a través de los peajes, uno de los costes regulados de la factura.
Ese límite máximo de inversión es del 0,65% del PIB anual para el transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la distribución, excluyendo en este caso las inversiones relativas a la digitalización.