España llegará a las urnas el próximo 29 de noviembre con una economía que mantiene un crecimiento sólido y niveles elevados de empleo, pero también con problemas persistentes en productividad, vivienda y cuentas públicas. El fin de los fondos europeos extraordinarios del Plan de Recuperación abre además una nueva etapa para el próximo Ejecutivo. Estas son diez referencias para medir ese punto de partida.
Crecimiento económico
La economía española creció un 2,6% interanual en el segundo trimestre de 2026 y avanzó un 0,7% respecto a los tres meses anteriores, según la última estimación completa del INE. La demanda nacional explica más que todo el crecimiento: aportó 3,5 puntos, mientras que el sector exterior restó 0,9. El consumo de los hogares aumentó un 3,5% interanual y la formación bruta de capital, la inversión, un 5%.
España mantiene así un ritmo de crecimiento superior al de buena parte de las grandes economías europeas. La cuestión para la siguiente legislatura será cuánto puede mantenerse ese diferencial conforme desaparezcan algunos de los estímulos extraordinarios de los últimos años y el crecimiento dependa cada vez más de la capacidad interna de la economía para invertir y elevar su productividad.
Mercado laboral
El empleo continúa siendo uno de los indicadores más fuertes de la economía. La Seguridad Social cerró septiembre con una media de 22,44 millones de afiliados, 739.888 más que un año antes. El paro registrado se ubicó en las 2,38 personas, 23.587 más que un mes antes, fundamentalmente por el proceso de regularización por el cual los extranjeros sin empleo se han inscrito en las oficinas del SEPE.
La Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora y publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra los ocupados en 22,78 millones y los desempleados en 2,50 millones, lo que sitúa ya la tasa de paro en el 9,87%. En las diferencias afectan, entre otros aspectos y en el caso del paro, el incremento de los fijos discontinuos.
Pese al descenso del desempleo, este sigue siendo uno de los principales desequilibrios estructurales de la economía española. En el conjunto de la Unión Europea, España es el país con mayor tasa de paro, ubicado en el 10% en el mes de octubre según sus datos armonizados. Le siguen Finlandia (9,9%), Suecia (8,9%) y Francia (8,2%).
Población e inmigración
Para interpretar los datos de crecimiento económico y mercado laboral hay que tener en cuenta la ganancia de población que ha registrado España en los últimos años, siendo uno de los países de la UE con más inmigración. A 1 de julio tenía 49,8 millones de habitantes, el máximo de la serie histórica. Son 444.205 personas más que un año antes.
Todo el crecimiento reciente de la población procede de las personas nacidas en el extranjero. A mediados de año residían en España 10,29 millones de personas nacidas fuera del país, mientras que la población nacida en España disminuyó durante el segundo trimestre. Los residentes con nacionalidad extranjera alcanzaron los 7,44 millones.
Durante el segundo trimestre las principales nacionalidades entre quienes llegaron a España fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí. La inmigración se ha convertido así en una variable económica central que amplía la población activa y el consumo, pero también aumenta las necesidades de vivienda, infraestructuras y servicios públicos.
Vivienda
El precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre, según el INE. La vivienda de segunda mano, que concentra la mayor parte de las operaciones, subió un 12,9%, mientras que la nueva se encareció un 7,4%. Ese precio está provocado por una demanda al alza, en un contexto de población creciente y turismo en récords, y un freno en la oferta.
La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, estimó durante su participación en el Forbes Economic Summit que el déficit de viviendas en España alcanza ya las 750.000, y sin medidas correctoras, en 2028 puede superar el millón.
Esta situación provoca, entre otros efectos, que solo el 31% de los jóvenes de entre 18 y 34 años viva de forma independiente sin ayuda familiar, situándose la edad media de emancipación ya por encima de los 30 años. La vivienda aparece así como uno de los puntos donde con mayor claridad chocan el buen comportamiento de ‘la macro’ y las dificultades de una parte de los hogares.
Productividad
El crecimiento del empleo no está teniendo su equivalente en productividad. En el segundo trimestre, las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 2,8% interanual, por encima del crecimiento del PIB. Como consecuencia, la productividad por hora trabajada retrocedió un 0,2%, mientras que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo apenas aumentó un 0,4%.
A largo plazo, los servicios de estudios del país indican que el crecimiento de la renta por habitante y de los salarios reales dependerán menos de aumentar el número de trabajadores o de las horas trabajadas que de producir más valor por cada hora de trabajo.
Deuda pública
La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó 1,763 billones de euros en el segundo trimestre, equivalentes al 101,4% del PIB. La ratio ha bajado 1,8 puntos en un año gracias, entre otros factores, al crecimiento de la economía nominal, pero el volumen de deuda sigue aumentando: era un 4,3% superior al de doce meses antes.
España ha conseguido reducir el peso relativo de su endeudamiento sobre el PIB, pero no su volumen absoluto: se sitúa ya en los 1,76 billones de euros. El próximo Ejecutivo seguirá gestionando una deuda superior al tamaño anual de la economía y, con ella, una factura de intereses, especialmente en el actual contexto de subida de tipos. El último dato de 2025 sitúa esa factura en el entorno de los 40.000 millones de euros, máximo en la serie.
Déficit público
Las administraciones públicas cerraron el primer semestre con un déficit equivalente al 2,14% del PIB. Pese a la mejora de los últimos años, con un crecimiento intenso de la recaudación y el PIB, el gasto público también crece y las cuentas públicas operan ya bajo las nuevas reglas fiscales europeas.
Pensiones, intereses de la deuda, defensa o vivienda, entre otros, compiten por unos recursos sometidos a mayores restricciones. El 2025 cerró con un gasto público de 764.884 millones de euros (incluyendo los financiados con los fondos europeos Next Generation). Las pensiones representan la principal partida.
La factura de las pensiones contributivas ronda ya los 14.500 millones de euros al mes, con 10,5 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas. Las de jubilación e incapacidad permanente encabezan los incrementos. A estas se suman las no contributivas y de clases pasivas, lo que eleva la factura mensual de las pensiones al entorno de los 16.000 millones, superando ya los 200.000 millones al año.
Presión fiscal
La última comparación internacional completa de la OCDE sitúa la presión fiscal, la ratio que mide la suma de impuestos y contribuciones sociales con respecto al PIB, en el 36,7% en 2024, tres décimas más que el año anterior. La media de la OCDE era del 34,1%. España se encontraba por debajo de Alemania, Francia o Italia, pero por encima del promedio del organismo.
Este indicador mide qué parte de la actividad económica de un país financia al sector público mediante impuestos y cotizaciones, permitiendo comparar el peso global de la recaudación en distintas economías. La ratio española era del 33,1% en el año 2000 y alcanzó su máximo reciente, el 37,4%, en 2021.
Fondos europeos y ejecución presupuestaria
El próximo Gobierno se encontrará con un cambio importante respecto al comienzo de la legislatura que ahora termina. España presentó el 30 de septiembre su séptima y última solicitud de pago del Plan de Recuperación (PRTR), por 25.861 millones de euros. Si la Comisión valida completamente la petición, los fondos asignados a España alcanzarán los 101.300 millones. Bruselas tiene hasta finales de año para realizar el último desembolso.
De esta forma, el próximo Ejecutivo ya no dispondrá de nuevas solicitudes al Mecanismo de Recuperación como las que han acompañado a la economía desde 2021, aunque buena parte de las inversiones seguirá desplegándose durante los próximos años.
España continúa en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. El próximo Gobierno heredará, por tanto, no solo el cierre del ciclo de los Next Generation, sino también la tarea de elaborar unas nuevas cuentas públicas. Hasta ahora esto se ha solventado con modificaciones presupuestarias: un récord de 119.000 millones entre ampliaciones y transferencias entre partidas hasta agosto.
Inflación
Los precios vuelven a ser una variable especialmente sensible justo antes de las elecciones. El indicador adelantado del INE sitúa la inflación de septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas por encima de agosto, con un diferencial respecto a la UE de más de un punto. El INE atribuye parte del repunte a los combustibles, que subieron frente al descenso registrado un año antes, y al comportamiento de los paquetes turísticos.
La evolución de la inflación dependerá a futuro de cómo evolucione el conflicto en Oriente Próximo, de la traslación del aumento de los costes energéticos, y de las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos, que pueden provocar efectos de segunda ronda. La subida salarial media pactada en convenio escaló al 3,04% en agosto, pero sigue por debajo del IPC.
Las pensiones sí tienen garantizadas su actualización para compensar el incremento de la inflación. Tal y como marca la última reforma, se revalorizarán en enero de 2027 con la inflación media de este año. Por el momento, los últimos datos publicados apuntan a una revalorización próxima al 3,5%, lo que elevará el gasto en esta partida en otros 6.500 millones de euros, aproximadamente.
