De hecho, del último dato publicado por la Agencia Tributaria sobre la declaración del Impuesto de Patrimonio se desprende que el número de personas con patrimonios declarados superiores a los treinta millones de euros se ha disparado desde el estallido de la crisis económica hasta más que doblarse: si en el año 2007 eran 233 los afortunados poseedores de esta fortuna, la cifra aumentó hasta los 508 tan solo siete años después, en 2014. Esto significa que, durante una de las crisis económicas más crudas que ha vivido nuestro país los súper ricos se multiplicaron por dos, al mismo tiempo que el paro alcanzaba niveles históricos, los desahucios se convertían en el par de cada día y el rescate empezaba a tener más de realidad que de ficción. ¿Cómo es posible?
Pese al espectacular incremento registrado, lo cierto es que los españoles con un patrimonio por encima de los treinta millones de euros continúan representando un porcentaje ínfimo sobre los más de 181.800 contribuyentes que declararon por el Impuesto de Patrimonio en el pasado ejercicio. El 60% de ellos (un total de 121.052) poseen un patrimonio declarado de entre 300.000 y 1,5 millones de euros, mientras que otros 50.000 contribuyentes cuentan con un patrimonio que oscila entre los 1,5 y los 6 millones de euros.
Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que en 2007, el año inmediatamente anterior al estallido de la crisis, casi un millón de españoles declararon por este impuesto, cifra que descendió hasta los 181.800 en 2014, lo que evidencia más, si cabe, el aumento de la desigualdad.
Hacienda recaudó por este impuesto 937 millones de euros en 2014, un incremento de ocho puntos porcentuales respecto al año inmediatamente posterior. Cataluña, con unos ingresos de 429 millones, representa el 45% de la recaudación global. Le sigue Valencia con 107 millones y, cerrando el podio, Andalucía con 80,4 millones. Hay que recaudar que la comunidad de Madrid suprimió este impuesto, bonificado en un 100%. Ello impidió a la comunidad autónoma hacerse con los 660 millones que podría haber recaudado de los 15.500 contribuyentes madrileños que habrían estado obligados a pagar este impuesto.