El dato, subrayado en un estudio del FMI, es en sí mismo un problema que sugiere un reenfoque a nivel internacional, pero especialmente en el caso de las grandes empresas multinacionales, pues de lo contrario amenaza con crear serios problemas, sobre todo en las economías de bajos ingresos al privarlas de unos recursos fundamentales, y con dañar, en general, el principio de equidad fiscal.
El estudio pone especial énfasis en los países emergentes, cuyos ingresos tributarios son esenciales para su desarrollo, para reducir la pobreza y para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030.
También critica la actitud de las economías avanzadas por haber establecido las normas tributarias internacionales sobre sociedades sin tener en cuenta cómo podrían afectar a los países que tienen bajos ingresos.
El análisis del FMI muestra, por ejemplo, que los países que no pertenecen a la OCDE pierden alrededor de 200.000 millones de dólares (180.200 millones de euros) en ingresos por año, o alrededor del 1,3% del PIB, debido a que las empresas trasladan sus beneficios a otras jurisdicciones más favorables fiscalmente.
Este estado de cosas lleva a los autores del estudio a proponer una actualización de la arquitectura internacional del impuesto de sociedades que debería contemplar tres puntos fundamentales: revisar el mecanismo de expatriación de beneficios y de arbitraje fiscal, superar los obstáculos legales y administrativos que impiden su reforma y, por último, garantizar el pleno reconocimiento de los intereses de los países emergentes y en desarrollo.