En 2015, 193 países adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una hoja de ruta política general hasta 2030. Estos objetivos, apoyados por el FMI y las Naciones Unidas, se basan en la idea de que para un futuro sostenible, el crecimiento económico debe ir de la mano de políticas que fomenten la inclusión social y la protección de los derechos humanos, entre otras. Sin embargo, menos de tres años después de su adopción, la implementación de los ODS está encontrando serios obstáculos en algunos países en desarrollo por su situación financiera. Su elevado endeudamiento y la caída de los flujos financieros internacionales dirigidos al desarrollo han caído respecto a 2017 y ahora esos países tienen dificultades para destinar recursos al cumplimiento de los ODS.
El FMI calcula que el 40% de los países de bajos ingresos tienen un alto riesgo de sobreendeudamiento o no pueden atender la totalidad de los compromisos de la deuda. El porcentaje ha subido de forma significativa desde el 21% de hace cinco años. Por otro lado, se está constatando además que varios países de economías emergentes están perdiendo terreno en cuanto a riqueza por habitante, sobre todo debido a conflictos sociales e inestabilidad política.
La asistencia oficial al desarrollo (AOD) ascendió el pasado año a 146.600 millones de dólares (127.000 millones de euros), cifra que supone menos de la mitad del objetivo acordado internacionalmente de destinar a la misma el 0,7% del PIB nacional. El problema es que una parte creciente de la AOD se está desplegando para emergencias, como el gasto en atender a refugiados y en ayuda humanitaria. El Fondo Monetario Internacional destaca que si bien esta ayuda es crítica, deja menos recursos disponibles para inversiones públicas a largo plazo.