«Muchas familias viticultoras de O Salnés están viviendo con miedo porque temen que el trabajo de todo el año se pague por debajo de lo que cuesta la producción o que directamente no se les compre la uva», ha advertido Prado, que ha acusado a la Consellería do Medio Rural de «dejar solos a los viticultores frente a la presión del mercado».
En una nota de prensa, la parlamentaria nacionalista ha lamentado que la DO Rías Baixas se enfrenta a un «desequilibrio entre la producción disponible y las necesidades de compra de las bodegas», por lo que, según los cálculos de las propias asociaciones del sector, podrían quedar sin recoger entre cuatro y cinco millones de kilos de uva.
Con este exceso de oferta, ha apuntado Montse Prado, se genera una presión a la baja sobre los precios. Ante esta situación, la diputada ha criticado la «pasividad» de la Xunta frente un problema que considera «estructural» y que «obedece a la falta de medidas de planificación y regulación para adaptar el potencial productivo de la denominación de origen a la evolución real del mercado».
Por todo ello, ha emplazado al Gobierno gallego a «dejar de mirar para otro lado» y a actuar de inmediato, comenzando por hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.
En este contexto, ha avanzado que el BNG presentará iniciativas en el Parlamento para exigir al Ejecutivo autonómico que también impulse un estudio oficial y objetivo de los costes reales de producción de la uva.
Además, Prado ha demandado a la Consellería que asuma un papel de mediación entre viticultores y bodegas, en lugar de dejar que sean las asociaciones del sector las que «suplan esa función».