Esta medida, como han considerado, sería una herramienta «eficaz», ya que supone renunciar a producciones futuras a cambio de una compensación económica inmediata y para muchos productores puede ser una vía para poder jubilarse «dignamente» o reducir superficie sin asumir «tanto riesgo».
Esta ha sido una de las principales reivindicaciones trasladadas durante la reunión de la sectorial del viñedo, celebrada este jueves en Almendralejo, en la que también se han analizado las primeras previsiones de la vendimia, que ha comenzado recientemente.
En cuanto a la cosecha, las primeras estimaciones apuntan a una producción similar a la de 2025, con 2,6 millones de hectolitros de vino, ya que el incremento que se aprecia en algunas variedades se ve reducido por el abandono de otras.
No obstante, el estado fitosanitario es «muy positivo» y todo apunta a que los caldos alcanzarán una «calidad excelente», aunque la estimación definitiva dependerá de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas.
La oorganización ha recordado que, independientemente del volumen de producción, la rentabilidad de las explotaciones debe ser la «prioridad», por lo que ha considerado «imprescindible» que la uva se pague a unos precios que cubran los costes de producción y permitan garantizar la viabilidad económica de los viticultores, cumpliendo con así la ley de la cadena alimentaria.
En este sentido, Apag Extremadura Asaja ha considerado que ha llegado el momento de adoptar medidas similares a las aprobadas en otros países productores, como Francia, donde se han articulado ayudas para el arranque definitivo del viñedo, estructuradas en dos fases principales, como un plan inicial de 120 millones de euros, aprobado a finales de 2024 como respuesta excepcional para reducir excedentes, y una ampliación posterior de 130 millones de euros, anunciada a finales de 2025 y autorizada recientemente por la Comisión Europea.
Ambos contemplan una compensación fija de 4.000 euros por hectárea, con la que se pretende compensar el arranque de unas 30.000 hectáreas entre 2024 y 2025 y de unas 32.500 hectáreas más en 2026, ha informado en nota de prensa Apag Extremadura Asaja.
La organización entiende que este tipo de actuaciones deben financiarse mediante un presupuesto específico e independiente, sin detraer recursos de otras líneas de apoyo al sector vitivinícola.
Asimismo, ha insistido en que la Consejería de Agricultura debe oficializar los costes de producción para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar que los viticultores vuelvan a comercializar su producción por debajo de costes y además, activar mecanismos como la destilación de crisis en caso de demanda del sector.
Durante la reunión también se han analizado otros asuntos que continúan preocupando al sector, como la falta de mano de obra, enfermedades, evolución del mercado, consumo, exportaciones, costes de producción o cualquier otra cuestión abordada en la sectorial, además de estudiar la situación actual de las bodegas y las perspectivas comerciales para la próxima campaña.
Por último, Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores han considerado «imprescindible» que tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta de Extremadura impulsen medidas que permitan recuperar la rentabilidad del viñedo extremeño y garantizar el futuro de un cultivo que es «estratégico» para numerosas comarcas de la región.