Así lo ha señalado durante una comparecencia para informar de los avances del nuevo barrio Campamento, en Madrid, donde también ha hecho balance de la actividad desarrollada por el Ministerio en el último curso político. En este sentido, ha reivindicado que el Gobierno ha situado el aumento de la oferta de vivienda asequible y el combate contra la especulación como los dos ejes de su política de vivienda.
Entre los principales hitos, Rodríguez ha destacado el cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación en materia de rehabilitación y eficiencia energética, así como el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para elevar a 7.000 millones de euros el presupuesto del próximo Plan Estatal de Vivienda. Además, ha confirmado que el Ministerio ya está transfiriendo el 100% de los fondos correspondientes a la anualidad de 2026 a las autonomías.
Respecto al desarrollo de Campamento, la ministra ha subrayado que el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de urbanización de las fases 1 y 2 por 94 millones de euros, lo que permitirá avanzar en la construcción de más de 10.000 viviendas que, ha recalcado, serán íntegramente públicas o asequibles y permanecerán protegidas de forma permanente.
Rodríguez también ha defendido las medidas impulsadas para combatir la especulación, entre ellas las dirigidas a frenar el fraude de los pisos turísticos, y ha asegurado que el registro único ha permitido aflorar 111.000 viviendas turísticas ilegales. Asimismo, ha reclamado a las comunidades autónomas que destinen esos inmuebles al alquiler asequible y que hagan uso de los instrumentos previstos en la Ley de Vivienda.
En ese sentido, ha celebrado la incorporación de nuevos municipios y barrios de Asturias, País Vasco y Galicia a las zonas de mercado tensionado, que ya afectan a más de 9,3 millones de personas, y ha defendido que esta herramienta está contribuyendo a reducir el precio de los alquileres.
Por último, ha reiterado su llamamiento a comunidades autónomas y ayuntamientos para que colaboren en el impulso de la vivienda pública y la contención de los precios del alquiler.