Cabe mencionar que en diciembre de 2024 un juez británico condenó al fondo a abonar 358 millones por el conflicto que mantenían ambas partes por esta sociedad, así como otros 48 millones por intereses y costas del proceso judicial.
La sociedad es Promontoria Challenger I, a la que Sabadell transmitió gran parte del ladrillo tóxico heredado de la crisis tras llegar a un acuerdo con el fondo en 2018.
En ese momento, el banco realizó un proceso para vender tres carteras de activos deteriorados, denominadas ‘Challenger’, ‘Coliseum’ y ‘Rex’, con un valor bruto de alrededor de 6.414 millones de euros.
En 2019, finalmente, estos activos fueron adjudicados y transferidos a Cerberus por una contraprestación que rondaba los 3.500 millones de euros, si bien se acordó diferir en el tiempo hasta un 21% del montante (en torno a 600 millones de euros).
Algunos de estos inmuebles carecían del registro debido a que se encontraban en proceso de ‘reposesión’ o ejecución hipotecaria o, directamente, en subasta. Sabadell tenía un plazo de tres años para resolver esta situación, hasta finales de 2022. Sin embargo, decidió adelantarse y resolverlo para los inmuebles de la cartera ‘Coliseum’.
Al mismo tiempo, Cerberus abonó entre 170 y 180 millones por el pago diferido asociado a esta cartera, de tal forma que el montante pendiente de abono bajó entonces a unos 400 millones de euros.
Posteriormente, Sabadell cumplió con los registros en ‘Challenger’ y ‘Rex’ en un paquete de inmuebles valorados en 365 millones (91,25% del total).
Sin embargo, fue en este momento en el que el fondo se negó a abonar el total de lo restante, alegando que Sabadell no había realizado el registro de todos los activos y que, por tanto, no tenía obligación de abonar nada más.
Así, Sabadell decidió denunciar a la firma en enero de 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, que finalmente dio la razón en diciembre de 2024 a Sabadell y decidió fallar en contra de Cerberus.