La inversión anual en las redes eléctricas con cargo al propio sistema eléctrico está limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% del PIB en el caso de la distribución.
En un comunicado, el gabinete dirigido por Sara Aagesen consideró que estos límites «se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas, como se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, actualmente en tramitación».
En consecuencia, el Gobierno ha decidido incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030, siguiendo una senda creciente, para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas han crecido con relación al proyecto normativo sometido a pública audiencia, a resultas del proceso de elaboración de la Planificación.
Así, el Ejecutivo da luz verde a una de las grandes demandas del sector eléctrico, especialmente por parte de las distribuidoras, para tratar de desbloquear la situación de colapso que denuncian que sufre la red eléctrica en España.
HASTA 10.200 MILLONES EN DISTRIBUCIÓN Y 7.700 MILLONES EN TRANSPORTE.
En concreto, en las redes de distribución -que afecta principalmente a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- se podrán invertir hasta 10.200 millones de euros adicionales -1.020 millones de euros en 2027, 2.550 millones de euros en 2028, 3.060 millones de euros en 2029 y 3.570 millones de euros en 2030-.
En lo que respecta a las redes de transporte -que lleva a cabo Red Eléctrica de España (REE), se podrán invertir hasta 7.700 millones de euros adicionales, en función de la Planificación que finalmente apruebe el Gobierno -700 millones de euros en 2027, 1.850 millones de euros en 2028, 2.300 millones de euros en 2029 y 2.850 millones de euros en 2030-.
Según la propuesta de planificación eléctrica a 2030 que presentó en septiembre de 2030 la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se preveía un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones de euros para las redes de transporte y de 7.700 millones de euros para distribución, por encima de esos niveles del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. A ello había que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos.
Ahora, considerando también las inversiones permanentes, limitadas al PIB anual, el desembolso total en las redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones de euros hasta el final de la década, estimó el Ministerio.
Además, el Ministerio destacó que, al efecto tractor de estas inversiones sobre el conjunto de la economía -algunos estudios calculan que cada millón de euros dedicado a las redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo-, la conexión de nuevos usuarios permitirá repartir entre una mayor base los costes totales de las redes, rebajando con ello los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores.
En el caso del transporte, el destino de las inversiones incrementales anuales estará identificado en la Planificación, pero en el caso de las inversiones en distribución, las cantidades adicionales quedan acotadas a demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte o hasta un 20% en control de tensión, telemando y telecontrol, observabilidad y ciberseguridad, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de los datos, entre otras ventajas ligadas a la seguridad.
Asimismo, también a hasta un 20% en inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas donde la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes, que permitirán la conexión en zonas sin redes o con redes saturadas, y que se prevea aporten un efecto dinamizador de la demanda; hasta un 10% en adaptación de las líneas a la normativa de protección de la avifauna y hasta un 10% en resiliencia climática y afrontar fenómenos naturales adversos.
El decreto también favorece que los gestores de las redes, en lugar de desarrollar una nueva línea, adquieran líneas privadas existentes -por ejemplo, de evacuación de generación- y la incorporen al sistema.
Además, la norma establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de inversión en las redes eléctricas, al objeto de incrementar la transparencia y el control del proceso de inversión en las infraestructuras y de reducir la incertidumbre sobre su ejecución.
MÁS CONTROL SOBRE LAS INVERSIONES DE LAS DISTRIBUIDORAS.
En el caso del transporte, a grandes rasgos se mantiene el vigente sistema de Planificación, pero hay cambios relevantes en el caso de la distribución, ya que las compañías distribuidoras tendrán que someter sus planes de inversión a consulta previa; los agentes y administraciones podrán remitir sus propuestas y los planes, que serán públicos y accesibles por Internet, deberán indicar cómo se han considerado estas aportaciones.
Además, las empresas deberán emitir informes de cumplimiento a año vencido, en el plazo de un mes, igualmente públicos y accesibles vía Web. De este modo, aquel que desee conectarse tendrá acceso a la información necesaria.
También se incluye un sistema de penalizaciones para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto, minorando el límite futuro de las compañías que hagan menos o más desembolsos de los previstos de forma reiterada.