En concreto, ambas autoridades podrán consultar datos de la red europea Eurofisc, que reúne información sobre las transacciones entre empresas de distintos Estados miembro para detectar el denominado fraude carrusel, una práctica vinculada en gran medida a redes de delincuencia organizada que, según la Comisión Europea, ocasiona pérdidas de entre 12.500 y 32.800 millones de euros al año a las arcas de los países y al presupuesto comunitario.
El acuerdo busca mejorar el intercambio de información entre las autoridades nacionales y los organismos europeos encargados de investigar este tipo de delitos, con el objetivo de acelerar las pesquisas y reforzar la detección de los fraudes que afectan a los intereses financieros de la Unión.
La reforma modifica el reglamento sobre cooperación administrativa para combatir el fraude del IVA y complementa el acuerdo alcanzado el pasado año para digitalizar antes de 2030 las obligaciones de información sobre el IVA en las operaciones transfronterizas entre empresas.
El texto deberá recibir ahora el dictamen del Parlamento Europeo, previsto para este mes, antes de su adopción definitiva por el Consejo. La nueva normativa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.