De esta forma, la organización empresarial ha calificado de «paradoja» que la categoría más importante de la contratación pública española, que representa más del 45% del total de los concursos del Estado, carezca de voz institucional en dicho foro.
El presidente de alianzAS, Javier Sigüenza, ha advertido de que los servicios esenciales son «la columna vertebral invisible de lo público» en España y ejecutan «más de la mitad» del gasto fiscalizado en contratación de servicios.
Así, desde alianzAS han denunciado que la «rigidez» del marco jurídico vigente, que impide la revisión de precios en los contratos del sector público, afecta a la sostenibilidad de las empresas de servicios, especialmente a las pequeñas y medianas, y atrapa las mejoras laborales de 1,5 millones de trabajadores cuyos contratos no pueden adaptarse a los nuevos costes.
«Pedimos que se eleve el debate y que el Congreso tenga la oportunidad de pronunciarse sobre un asunto que afecta a millones de ciudadanos», ha manifestado Sigüenza en relación con la necesidad de reformar la normativa.
Así, según han indicado desde la confederación, el consenso en torno a esta reforma es «transversal» entre todos los representantes de la negociación colectiva, una propuesta que incluye a los sindicatos UGT-Servicios Públicos y CCOO del Hábitat, así como a la CEOE o el Ministerio de Trabajo, que ha expresado su apoyo en cada negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Asimismo, la mayor parte de los grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de la reforma del marco regulatorio actual, que permitiría trasladar a los contratos públicos los incrementos de costes laborales derivados de cambios normativos.
En este sentido, la confederación alianzAS ha considerado que la nueva etapa en el Ministerio de Hacienda «abre una oportunidad» para avanzar en esta reforma, por lo que ya ha trasladado al gabinete del nuevo ministro, Arcadi España, su voluntad de reunirse en las próximas semanas.
«Pedimos que se eleve el debate, que forme parte de la conversación pública, que el Congreso tenga la oportunidad de pronunciarse sobre un asunto que afecta a millones de ciudadanos y a más de millón y medio de trabajadores», ha señalado Javier Sigüenza.
Finalmente, la entidad ha advertido de que las crisis recientes y la inestabilidad internacional han demostrado «la relevancia estratégica de este sector», subrayando que garantizar un marco regulatorio que permita a estas empresas seguir operando «no es solo una cuestión de justicia contractual», sino una condición necesaria para la autonomía estratégica del país y la resiliencia de los servicios públicos ante futuras disrupciones.
La confederación agrupa a 12 organizaciones de sectores como la dependencia, limpieza, restauración colectiva y atención domiciliaria, sumando en conjunto más del 2,25% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.