La modificación del Real Decreto 309/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora más de veinte nuevos sectores y subsectores industriales al sistema de ayudas y mejora las condiciones de apoyo para las actividades ya incluidas.
La reforma, según el Gobierno, adapta la normativa española a la reciente actualización de las directrices europeas sobre ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de derechos de emisión y responde al aumento de los costes energéticos y del riesgo de fuga de carbono que afrontan determinados sectores industriales expuestos a la competencia internacional.
Entre las principales novedades destaca la incorporación de nuevos sectores estratégicos, como la fabricación de productos básicos de química orgánica, fertilizantes y compuestos nitrogenados, plásticos en formas primarias, fibras artificiales y sintéticas, pilas y acumuladores eléctricos, vidrio plano, vidrio hueco, azulejos y baldosas cerámicas, así como distintas actividades textiles, de la madera y de la minería metálica.
Asimismo, la actualización normativa aumenta del 75% al 80% la intensidad máxima de ayuda para los sectores que ya formaban parte del mecanismo de compensación, mientras que los nuevos sectores incorporados podrán recibir ayudas de hasta el 75% de los costes indirectos de CO2 soportados. La convocatoria de este año está prevista que se lance en las próximas semanas.
El Ejecutivo destaca que estas medidas se suman al esfuerzo realizado para respaldar a la industria electrointensiva. Solo en la convocatoria correspondiente a 2025 se destinaron 600 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2, el doble que en la convocatoria anterior.
Desde 2019, el Gobierno ha movilizado cerca de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva española a través de diferentes instrumentos de ayuda.
El mecanismo de compensación permite reducir el impacto que tienen los costes derivados de las emisiones de CO2 en el precio de la electricidad que consumen las industrias más intensivas en energía, contribuyendo así a mantener su competitividad, preservar el empleo industrial y evitar la deslocalización de la producción hacia países con menores exigencias ambientales.
Con esta modificación, España refuerza, según el Gobierno, el apoyo a la transformación y descarbonización de su tejido industrial, garantizando que un mayor número de empresas pueda afrontar en mejores condiciones los retos de la transición energética y de la competencia global.