Rodríguez, que ha visitado en Madrid una comunidad de vecinos del centro de Madrid que ha prohibido en sus estatutos los pisos turísticos, ha indicado que no basta solo con que tome medidas el Gobierno central al respecto, sino que se necesita la colaboración de todas las administraciones, por lo que ha exigido tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital que cumplan su parte para dar respuesta a demandas vecinales y para avanzar en ese derecho a la vivienda.
Desde el Gobierno, ha explicado la ministra, se han tomado medidas para «empoderar a los vecinos» a través de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, yendo un paso más allá de la modificación del año 2019 para que sean los propios vecinos, y no la Justicia, los que tengan que autorizar o no el establecimiento de pisos turísticos.
«Y, por tanto, está en manos de las comunidades de vecinos la posibilidad de impedir que se sigan anclando en sus fincas pisos turísticos y mucho más pisos turísticos ilegales», ha insistido Rodríguez, que ha recordado que el Gobierno también ha puesto en marcha un mecanismo que ha permitido aflorar 111.000 pisos turísticos ilegales mediante el registro y la ventanilla única.
Por el contrario, ha criticado que otras administraciones públicas no están tomando ninguna medida, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde impera la «ley de la selva».
Según la ministra, gracias al nuevo Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno va a dar a las comunidades autónomas recursos e instrumentos para que puedan cambiar estos pisos turísticos ilegales por hogares, mientras que los propietarios podrán ceder sus viviendas a las comunidades para que, a cambio de una contraprestación, las pongan en alquiler asequible.
NUEVO PAQUETE EN MATERIA DE VIVIENDA
Por último, se ha referido al paquete de medidas en materia de vivienda que está elaborando el Ejecutivo en este momento y se mostró confiada en que pueda suscitar el apoyo de la mayoría parlamentaria.
Sobre esta nueva norma, ha destacado dos aspectos: que los pisos turísticos tributarán con el 21% de IVA al ser considerados una actividad económica y que se adoptarán medidas para acabar con el «fraude» del alquiler de temporada.
«Esta norma está trabajada ya por el Gobierno, está compartida con los grupos políticos y yo pido a todos los grupos políticos el apoyo a esta norma y exijo a las administraciones públicas competentes, en este caso a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, que de una vez por todas, se tomen en serio este derecho, el derecho a la vivienda, y asuman el cierre y clausura de los pisos turísticos», ha reiterado.