Así, desde APCEspaña han expuesto tres prioridades «esenciales» que el Gobierno debería situar, a su juicio, «en el centro de la agenda»: la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico, una fiscalidad específica que reduzca el coste final de la vivienda y la movilización real de inversión pública y privada para incrementar la oferta de vivienda asequible.
En este sentido, la asociación ha compartido la «urgencia» de abordar las dificultades de acceso a la vivienda, pero ha alertado de que el debate «no puede quedar reducido» a nuevas medidas de control, limitación o intervención sobre el parque existente.
Así, el presidente de la asociación, Xavier Vilajoana, ha manifestado que «el problema de la vivienda no se resolverá con más controles, más restricciones o más intervención sobre el mercado existente. Debe generarse más vivienda, dar seguridad jurídica y hacer viable la promoción de vivienda asequible».
De esta forma, APCEspaña ha defendido que cualquier reforma estatal «con voluntad de eficacia» debería incorporar medidas que permitan producir más vivienda, movilizar suelo, reducir plazos administrativos, dar estabilidad a los operadores y evitar que la inseguridad normativa acabe expulsando inversión y reduciendo aún más la oferta disponible.
MÁS SEGURIDAD JURÍDICA PARA GENERAR VIVIENDA
Entre las prioridades normativas, desde la asociación han demandado la aprobación de una reforma de la Ley del suelo que refuerce la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico y evite que defectos formales o procedimentales se traduzcan «automáticamente» en la anulación completa de planes urbanísticos tras años de tramitación.
«Si queremos más vivienda, no podemos mantener un sistema que bloquea suelo durante años y que puede hacer caer planeamiento completo por defectos que podrían corregirse. La seguridad jurídica urbanística es una condición imprescindible para generar vivienda asequible», ha explicado Vilajoana.
En el plano fiscal, la asociación ha solicitado la aplicación del IVA reducido del 4% a toda la vivienda con protección oficial para propiciar un «impacto directo» sobre la accesibilidad económica de los compradores finales gracias a la limitación de precios de estas promociones.
«No tiene sentido reclamar más vivienda asequible y, al mismo tiempo, mantener una fiscalidad que encarece la vivienda protegida y dificulta el acceso de las familias. Si el precio está limitado, una reducción fiscal bien diseñada repercute directamente en el comprador final», ha señalado el directivo.
Asimismo, desde APCEspaña han considerado que también debería revisarse la fiscalidad aplicable al derecho de superficie, especialmente cuando se utiliza para promover vivienda asequible sobre suelo público, así como determinadas cargas municipales que inciden sobre la producción de vivienda nueva, como ICIO o las tasas urbanísticas.
Finalmente, Vilajoana ha abogado por una estrategia «integral» basada en la agilidad administrativa, fiscalidad incentivadora, financiación adecuada, y en acuerdos amplios y medidas estructurales orientadas a generar vivienda y «no solo regular la insuficiencia actual», concluyendo que «el consenso es necesario, pero debe servir para producir más vivienda, no para acumular nuevas restricciones sobre un mercado que ya sufre una falta grave de oferta».