«Un nuevo derecho digital» que estará aprobado antes de que acabe el año «para que los operadores comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones», según ha explicado López durante su intervención en el encuentro ‘DigitalES Summit’, que se celebra en Madrid.
La obligación se aplicará de forma gradual: alcanzará al 50% de la población en el primer año de entrada en vigor del real decreto, al 65% en el segundo y al 75% en el tercero.
Este calendario, predecible y escalonado, busca facilitar el esfuerzo inversor de los operadores sin rebajar el nivel de exigencia sobre la cobertura que deben garantizar en caso de caída de la red eléctrica.
Por otro lado, las instalaciones de nivel intermedio –como centros de gestión cuyo impacto podría extenderse a varias regiones o comunidades autónomas– deberán seguir operativas al menos 12 horas sin suministro eléctrico.
Las instalaciones esenciales de primer nivel –por ejemplo, los centros de control, donde se concentra la inteligencia de las redes y un fallo puede afectar a todo el país– deberán garantizar su funcionamiento durante, como mínimo, 24 horas.
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