Esta reunión de la mesa delegada tendrá lugar tras las movilizaciones sindicales que iniciaron esta semana los sindicatos por el incumplimiento de los acuerdos firmados para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social.
UGT, CSIF, CCOO y CIG convocaron el pasado miércoles concentraciones ante las direcciones provinciales y los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como respuesta al «reiterado incumplimiento» de los compromisos adquiridos por la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla.
Las organizaciones sindicales denuncian la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los sindicatos también critican el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el acuerdo de 29 de noviembre de 2018 y de la reciente adaptación de la jornada a 35 horas semanales y los calendarios laborales aprobada por la Dirección General de la Función Pública.
Asimismo, señalan la ausencia de avances en materias como la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo.
A ello, añaden, se suma la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE). «En lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, la Administración está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados», han afirmado.
Según las organizaciones sindicales, la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un «incremento de las cargas de trabajo» en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la «insuficiencia de efectivos».
En este sentido, exponen que de una plantilla compuesta por 31.000 personas, un tercio permanece vacante y, en cinco años, el 50% estará en edad de jubilación. Esta realidad, avisan, se aprecia en la atención presencial al público. En algunas provincias hay oficinas que cuentan sólo con entre uno y tres empleados.
Los tiempos de espera también son muy elevados, sobre todo en Madrid, donde el tiempo para lograr cita en oficina se sitúa en mes y medio; y en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), donde el plazo medio de resolución es de un año, advierten los sindicatos.
Las organizaciones sindicales han avisado de que mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución que califican de «esencial para el Estado del Bienestar».