Así, en su intervención en la asamblea general de la patronal, Garamendi ha asegurado que la inestabilidad institucional es «el peor escenario» para garantizar la actividad económica y el empleo y ha criticado que España lleve tres años sin Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, ha defendido la separación de poderes y ha expresado su apoyo a jueces, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación, a los que ha definido como pilares fundamentales del sistema democrático.
En cuanto al Ministerio de Trabajo, Garamendi denunció una «asfixia normativa» y aseguró que entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 se produjeron 61 cambios en la normativa laboral «sin diálogo social» y, en ocasiones, sin consulta o mediante consultas «meramente formales». A su juicio, esta situación ha propiciado «inseguridad jurídica» e «injerencias» en la negociación colectiva.
En este sentido, ha reivindicado el papel del diálogo social bipartito entre empresas y sindicatos y ha rechazado las acusaciones de bloqueo dirigidas a la patronal. «Nosotros no lo bloqueamos», ha afirmado Garamendi, quien ha acusado al Gobierno de haber «invadido» espacios propios de la negociación colectiva y de utilizar el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico».
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