Al respecto, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha calificado de «positivos» los acuerdos alcanzados este martes en la reunión de la comisión, que no se reunía desde hace casi dos años, según ha informado la Consejería regional de Movilidad en nota de prensa.
Fernández ha explicado que el nuevo sistema de cálculo permitirá reconocer costes que hasta ahora «no estaban correctamente reflejados, pese a formar parte de la realidad diaria de las empresas canaria», como los costes derivados de la doble y triple insularidad, así como otros sobrecostes asociados a la condición de región ultraperiférica.
Además se ha solicitado incluir los gastos fitosanitarios y de nuevas mercancías de economía circular.
La nueva metodología establece que los cálculos sobre los costes de flete, la gestión, la manipulación, las tasas portuarias y aeroportuarias, la seguridad, los recargos por combustible o los retornos en vacío se realicen sobre la base de los operadores que trabajan en Canarias. De este modo, se evitará usar como referencia a compañías internacionales al «no» reflejar la realidad del archipiélago.
La directora general ha señalado que el objetivo final es que las ayudas reflejen los costes reales de las mercancías que llegan a Canarias para evitar que la diferencia repercuta en el precio final de los productos.
«Cuando los costes de referencia no se ajustan a la realidad, las compensaciones son insuficientes y esa diferencia termina repercutiendo en el precio final de muchos productos que consumen las familias canarias», ha apuntillado.
El acuerdo también incluye criterios objetivos para revisar los costes de referencia ante situaciones excepcionales, como conflictos internacionales o incrementos de los costes de producción.
Esta medida busca aportar seguridad jurídica y evitar que los costes tipo permanezcan congelados durante largos periodos, como ocurrió con los valores fijados en 2019, que no se actualizaron a pesar de la pandemia o la crisis energética.
El siguiente paso del proceso corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que deberá incorporar estos acuerdos a la metodología oficial y modificar los reales decretos reguladores. Fernández ha mostrado su confianza en que la próxima orden de costes tipo, prevista para los próximos meses, incorpore ya parte de los cambios y que el Gobierno de España remita el borrador del Real Decreto para completar el proceso.
El Gobierno de Canarias considera que estos avances suponen un nuevo paso en la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y en la reclamación de un trato adaptado a la realidad de un territorio alejado, fragmentado y ultraperiférico.