Tourism & Law, compañía de Grupo Atlantigo, ha confirmado que el Ministerio de Interior ya ha iniciado la apertura de expedientes sancionadores contra empresas por el incumplimiento del Real Decreto 933/2021 o registro de viajeros, sin desvelar el tipo de sector al que pertenecen.
En un encuentro informativo, enmarcado en una nueva edición de Law & Talks’, el despacho especializado en regulación turística ha destacado que la futura publicación de la orden ministerial es «clave» para definir con claridad las obligaciones o responsabilidades de cada sujeto en esta normativa.
Sobre un posible plazo para la orden, en palabras del abogado de la firma, Hortensio Francos, la demora actual es «excesiva», aunque ha asegurado que «la ley no impone un tiempo exacto». «Corresponde a tiempos de oportunidad política», ha añadido.
Por tanto, hasta su publicación, la compañía recomienda a las empresas cumplir el RD, tanto en el registro de datos como en su comunicación, y la Ley de Protección de Datos, es decir, «qué datos solicitar, el plazo de custodia de estos y cómo deben tratar esta información».
Además, desde Tourism & Law ha señalado que el RD abre la puerta a una «posible judialización» del proceso. «La falta de concreción legal en algunos puntos críticos, y el tratamiento de datos sensibles podrían dar lugar a reclamaciones si no se actúa con rigor, especialmente en el caso de empresas obligadas sean sancionadas por el Ministerio de Interior», ha explicado.
Tras cumplir cuatro meses en vigor en abril, la plataforma Ses.Hospedajes, desarrollada para introducir los datos de reservas de viajes con motivo del RD, acumula ya 210.639 establecimientos y empresas registradas desde el pasado 2 de diciembre de 2024.
Recientemente, las patronales de agencias de viajes UNAV y Acave volvieron a criticar el funcionamiento de la plataforma ya que, a su juicio, sigue dando «problemas técnicos, modificaciones continuas, interrupciones por mantenimiento y caídas periódicas», lo que «dificulta aún más el cumplimiento de la normativa».
Para las dos asociaciones, el sector vive una situación de «inseguridad jurídica e indefensión» desde la entrada en vigor de la plataforma, pues, transcurrido este periodo, sigue sin publicarse la orden ministerial que desarrolla esta norma y que fue objeto de alegaciones por parte de estas entidades en el mes de enero.
