Un informe de la Abogacía del Estado aclara que en caso de no aprobación por las Cámaras del plan de reequilibrio y los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados por el Gobierno, ello no exime al Ejecutivo de las obligaciones establecidas constitucionalmente de presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
«A falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo de la UE», apunta el informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso Europa Press.
La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha tumbado definitivamente este miércoles los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024.
El pasado 7 de febrero el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.
Pero tras volver a presentarse los mismos objetivos por parte del Gobierno y pese al aval del Congreso, esta senda ha decaído definitivamente, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación de los Presupuestos de 2024.
Y es que el informe de la Abogacía del Estado con el que cuenta el Ministerio de Hacienda apunta a que en el caso de que este nuevo objetivo de estabilidad sea rechazado, «el Gobierno podrá presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado conforme a los últimos objetivos de estabilidad aprobados».
«En caso de no aprobación por las Cámaras del plan de reequilibrio presentado por el Gobierno, ello no exime a éste de las obligaciones establecidas constitucionalmente: presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (artículo 134.3 CE) y no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros», se remarca en el informe.
Ya que el Consejo de la UE valoró positivamente hace meses el programa de estabilidad de España, la Administración del Estado deberá cumplir con el mandato constitucional elaborando un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado adecuado a los objetivos de estabilidad y deuda pública contenidos en ese plan remitido a Bruselas en abril.
Por lo tanto, independientemente del resultado de la votación de este miércoles en el Senado, la tramitación de los Presupuestos podrá seguir su curso y el proyecto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, una vez recabados los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante en las Cortes Generales.
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Cabe recordar que el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
OBJETIVOS MÁS EXIGENTES PARA CCAA Y AYUNTAMIENTOS SI DECAEN
Ahora que se han rechazado los objetivos planteados por el Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado de que la nueva senda será la remitida a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
Esa senda fija que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situará en el 3% en 2024; en el 2,7% en 2025; y se reducirá al 2,5% en 2026.
En el ámbito territorial, los objetivos que se aplicarán fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas –frente al déficit del 0,1% rechazado– y un superávit del 0,2% para ayuntamientos este año –frente al equilibrio presupuestario anteriormente planteado–, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.