La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha asegurado que un índice de precios del alquiler que obligue a topar las rentas, y no sea solo referencial, creará «más temor entre los propietarios, lo que agudizará la huida de arrendadores de vivienda habitual del mercado y reducirá todavía más la oferta».
De hecho, un estudio de FAI evidencia que ya ha habido una fuga de propietarios desde que entró en vigor la Ley de Vivienda, que regula los alquileres, en mayo de 2023.
En concreto, el 21,67% ha trasladado su vivienda al mercado de alquiler temporal o turístico y un 13,07% lo ha hecho al de compraventa.
Ante esta situación, FAI considera «necesario y urgente» un plan de choque entre Gobierno y comunidades autónomas para frenar la escalada de precios del alquiler y la caída de más de un 30% de la oferta.
Así lo ha expresado el presidente de la federación, José María Alfaro, quien ha defendido que hay «un drama social que requiere de una revisión de la Ley de Vivienda que incluya medidas eficaces que no contraigan la oferta y puedan aplicarse en todas las comunidades autónomas por igual, siguiendo criterios técnicos acordes al comportamiento real del mercado y no políticos».
Al respecto, Alfaro ha señalado que la Ley, la primera de la democracia, «era necesaria», pero «la precipitación con la que se aprobó y desconocimiento de la dinámica interna del mercado le está pasando factura y está siendo contraproducente para el inquilino».
Por ello, ha instado al Ministerio de Vivienda a «actuar con rapidez y evitar que estalle la burbuja del alquiler».
Asimismo, Alfaro confía en que el hecho de que Vivienda tenga un ministerio propio «facilite poder contar con ese plan de respuesta común».
Además, ve positivo que la ministra Isabel Rodríguez tenga como objetivo sentar a todas las partes implicadas en las soluciones, tanto a las administraciones, como a agentes sociales y empresariales.