El presidente de la Confederación Española de Transporte de Autobús, Rafael Barbadillo, ha pedido que la nueva Ley de Movilidad Sostenible incorpore también la creación de un sistema de financiación para el transporte interurbano.
En unas jornadas organizadas por la patronal en el Congreso de los Diputados, Barbadillo ha lamentado que el texto actualmente en trámite en el parlamento solo cite el estudio de un modelo de financiación para el transporte urbano, dejando el resto de la red pública fuera.
«La colaboración público-privada en la movilidad precisa de un marco jurídico que garantice la sostenibilidad social, pero también la económica, requiriendo de más inversiones para satisfacer la demanda, como mejorar la calidad de los servicios aumentando frecuencias, la velocidad comercial, desplegar soluciones innovadoras en materia de infraestructuras y cumplir con los retos de carácter medioambiental», ha detallado.
La secretaria General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Marta Serrano, que ha sido la encargada de clausurar el acto, ha recogido el guante y ha apuntado a la necesidad de tener una financiación «más justa de la que hay actualmente».
«Ahora no se sabe muy bien a qué criterio responde, pero queremos impulsar la financiación con la mentalidad de favorecer a la movilidad sostenible, es decir, que no se trate únicamente de que las administraciones locales o autonómicas reciban dinero por el número de personas que viven en un determinado lugar, sino por acciones reales de movilidad sostenible», ha señalado Serrano.
Barbadillo también ha pedido que todas las administraciones –central, autonómica y local– se coordinen y consensúen unos nuevos mapas concesionales para que todo el transporte público del país sea percibido como una única red por los ciudadanos.
Igualmente, la directora general de Transportes ha contestado que la intención del Ministerio es precisamente esa, trabajar con el resto de administraciones con la «firme voluntad» de crear una nueva red de transporte de viajeros por carretera consensuada.
«La ciudadanía no puede percibir que son distintas administraciones las que están gestionando los servicios, entre otras cosas porque a la gente en realidad le da igual. Lo que quieren ver es que hay una coordinación y que el servicio público satisface sus necesidades», ha explicado Serrano.