La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha exigido este lunes el derecho de los trabajadoras eventuales del sector agropecuario a percibir la prestación por desempleo en toda su extensión.
Asimismo, ha instado a corregir una desigualdad social que el sindicato lleva denunciando desde 2011, cuando se produjo la integración de los trabajadores por cuenta ajena del Reaas en el Ress.
El sindicato también ha reclamado el desbloqueo del decreto 7/2023, que incluyó un paquete de medidas que venían a favorecer al colectivo de personas del sector agrario y que por la oposición a su aprobación del PP, Vox y Podemos, decayeron.
Estas incluían la ampliación del subsidio de desempleo a los temporeros y la prórroga de la reducción de jornadas para tener derecho a la renta agraria o subsidio agrario en Andalucía y Extremadura.
De esta forma, más de 250.000 trabajadores eventuales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura siguen estando al margen del subsidio por desempleo del que se benefician los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social.
«El colectivo de eventuales agrarios sigue sufriendo hoy en día la discriminación laboral y el tratamiento de trabajadores de segunda categoría», según ha denunciado el secretario del sector Agroalimentario de UGT Fica, Sebastián Serena.
A su vez, ha puesto el acento en que la no convalidación de este Real Decreto incluía la prórroga por la que se rebajaba el número de jornadas necesarias para poder acceder al subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura, de 35 a 10, como resultado de la sequía y la consecuente caída en las horas trabajadas en el campo.
Por ello, Serena ha instado a «una solución urgente», ya que es inaplazable retomar la aprobación del decreto «para que ninguna persona trabajadora se quede sin derecho al subsidio o renta agraria por la falta de jornales como, en este caso, consecuencia de la sequía».
Desde el sindicato han adelantado que van a seguir reclamando una modificación legislativa para regular la declaración de las jornadas reales trabajadas de los trabajadores por cuenta ajena.
UGT Fica entiende que «no es de recibo que, a estas alturas del siglo, estos trabajadores, además de ser los peor pagados del conjunto de la economía española, tengan que luchar contra la picaresca en los fraudes en la contratación y en la declaración de las jornadas que realmente trabajan».
Finalmente, desde la federación han explicado que consideran «prioritario» conseguir un Convenio Estatal del Campo que proteja a todos los trabajadores agrarios y homogenice sus condiciones laborales evitando el dumping social entre regiones y la competitividad a base de salarios precarios.
En la actualidad, hay 61 convenios colectivos provinciales que regulan las condiciones laborales de los trabajadores agropecuarios.