La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a las administraciones españolas que la interinidad en la Función Pública no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024 «tal y como marca la ley», según ha denunciado este viernes, tras la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que pone en evidencia el abuso de la contratación temporal durante los «últimos decenios».
En concreto, el sindicato ha expresado su preocupación porque la temporalidad en las administraciones «sigue estancada» en el 30%, tomando como referencia los datos de la EPA. Con todo, ha reiterado que los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público.
Del mismo modo, la central sindical reclama rendición de cuentas por parte de las administraciones, mayor endurecimiento en las medidas contra la temporalidad y «eliminar de una vez la tasa de reposición».
En este sentido, CSIF solicita que concluyan de manera «satisfactoria» los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021, indicando que «no deben verse afectados por esta sentencia». Además, ha reiterado que continuará denunciando el abuso de la precariedad en el empleo y que velará por la seguridad jurídica.
Asimismo, el sindicato ha recordado que la sentencia del TUE ha analizado únicamente tres casos de personal laboral indefinido no fijo (trabajadores de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la UNED y la Agencia Madrileña de Atención Social), por lo que ha pedido «que no se generen falsas expectativas a corto plazo».
Además, en línea con el TUE, ha destacado que los tribunales españoles son los que tienen la posibilidad de modificar la jurisprudencia para atender a estas situaciones.