El impacto de la economía sumergida (falsificaciones, imitaciones, comercio ilícito, contrabando o fraude fiscal), que ronda el 20% del producto interior bruto (PIB) español, supone un lucro cesante de 5.700 millones de euros, además de la destrucción de 44.700 empleos en el país, según los datos recogidos en el informe ‘Situación del Comercio Ilícito y Fraude en España, Europa y el mundo’, elaborado por Sicpa.
A nivel global, el estudio realizado por la empresa de servicios de seguridad, detalla que, según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y de la OCDE de 2019, el comercio global de falsificaciones ascendió a más de 412.000 millones de euros, es decir, un 2,5% del total del comercio en todo el planeta.
Ese mismo año, sólo en la Unión Europea, las importaciones de productos falsificados ascendieron a 119.000 millones de euros, lo que corresponde a un 5,8% del total de las importaciones comunitarias procedentes de países terceros. En toda la UE se estiman unas pérdidas de 50.000 millones de euros al año y 416.000 empleos, de los cuales casi el 10% corresponde a España.
El estudio del proveedor de soluciones de seguridad busca contextualizar en cifras el problema que supone para la economía mundial el comercio ilícito y, en particular, el impacto que tiene en las empresas y marcas en España.
Este informe global presta especial atención a la situación en España, como ejemplo de lo que ocurre en el resto de Europa, y pretende «concienciar a los ciudadanos, empresas y gobiernos de los grandes perjuicios que conllevan los productos falsificados».
Según los datos que el estudio recoge del informe de la Euipo titulado ‘Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual’ y publicado el año pasado, España es el segundo país de la UE donde se compran más falsificaciones, solo por detrás de Bulgaria.
En el total de la Unión Europea, un 13% de los ciudadanos afirma haber comprado intencionadamente productos falsificados en los últimos doce meses, mientras que en España ese extremo alcanza a un 20% –en Bulgaria se sitúa en el 24%–.
Además, un 43% de los consumidores españoles no está seguro de la legitimidad de los productos que adquiere, afirma el estudio. En cuanto a la piratería online, un 21% admite haber accedido, descargado o transmitido contenidos de fuentes ilegales intencionadamente en el último año, siempre según datos del citado estudio de la Euipo que recoge este informe.
Para Sicpa, uno de los datos más inquietantes que investiga la Euipo es que un tercio de los europeos (31%) considera que las falsificaciones son una alternativa aceptable en caso de que los precios de los productos auténticos sean altos. En la franja de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 50%.
Así, el consumo de productos falsificados entre los jóvenes españoles «no para de aumentar en los últimos años». Según los datos publicados por Euipo, el 45% adquirió a propósito una falsificación de cualquier tipo. El dato de España se sitúa por encima del 37% de la media europea, que en 2019 tan solo era de un 14%.
«Ahí está la importancia de concienciar, de formar y de sensibilizar a toda la sociedad, pero principalmente a los jóvenes, que al final van a seguir siendo los consumidores del futuro», destaca en la presentación del informe este martes el consejero delegado de Sicpa en España, Martín Sarobe.
Asimismo, el estudio recoge los datos del último estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que señala que la economía sumergida en España representó un 17,2% del producto interior bruto (PIB) en 2017. Es decir, más del 17% del dinero que se movía en el país es en ‘B’.
En este sentido, detalla el informe que la falsificación de productos tiene una tasa de mercado de un 7%, lo que supone más de 700.000 millones de euros. Esta cuota determina que se pierden, en el entorno de los países del G20, más de 2,5 millones de puestos de trabajo y 125 millones de ingresos fiscales al año.
En España, el comercio de productos falsificados provoca pérdidas unos 7.000 millones de euros en ventas, y le cuesta a cada español 146 euros al año, según los datos que recogen de organismos como la OCDE y la Euipo.
SISTEMAS DE TRAZABILIDAD, LEGISLACIÓN Y ARMONIZACIÓN
Finalmente, el informe remarca que para enfrentar el fenómeno de la economía sumergida, que es de origen global, es necesario aplicar un enfoque integral, según ha explicado Martín Sarobe. Así, destaca que se deben implementar medidas que ayuden a coordinar actuaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al dotarles de más medios para procesar productos que hayan sido retenidos y comprobar su autenticidad.
«Por otro lado, yo creo que en el tema legislativo hay que armonizar a nivel europeo y hay que reforzar estas legislaciones antifraude para que en Europa se tenga la misma percepción y se tenga el mismo tipo de reacción», reclama el director general de Sicpa España.
Asimismo, el directivo indica que es necesario trabajar en lo que la empresa denomina «la economía de la confianza», es decir, una «economía segura, confiable a escala mundial que proteja cualquier tipo de transacción o de interacción y producto que llega a nuestras manos, y…un modelo basado en la transparencia, en la trazabilidad».
Sobre este último punto, explica que es necesario mejorar los sistemas de control de los productos para garantizar el origen legítimo de los mismos con medidas de seguridad que van desde el etiquetado, logotipos y marcas para poder hacer un seguimiento y localización del mismo, es decir, «poder seguir su traza».
«Es necesario aplicar medidas de trazabilidad segura, y lo decimos por experiencia nuestra, desde el punto de origen de un producto hasta el punto de destino, que suele pasar por distintos eventos de llegada a un puerto y salida. Al final es lo que mejor garantiza que no se produzcan brechas en este flujo, en esta cadena de suministros, que permiten a quien lo organiza, introducir productos falsificados en la cadena de suministro normal y por tanto que puedan pasar al comercio en general», ha concluido Sarobe.