La jueza Loretta Preska ha rechazado la última solicitud del Estado argentino para extender el plazo para pagar la deuda de 16.100 millones de dólares (unos 14.460 millones de euros) que debe al fondo Burford Capital tras perder la sentencia por la nacionalización de la petrolera YPF en el año 2012.
Por este motivo, Burford tiene derecho a solicitar a partir de este jueves la incautación y el embargo de activos argentinos. Los demandantes podrán comenzar con los pedidos ubicados en Estados Unidos y en el resto del mundo.
La decisión de la jueza supone un duro golpe para Argentina, que apela la sentencia dictada en septiembre por la jueza de distrito Loretta Preska, la mayor de la historia dictada por el tribunal federal de Manhattan.
El país sudamericano, acosado por problemas económicos como la creciente inflación, afirma que la sentencia equivale a casi una quinta parte de su presupuesto para 2023 y que pagarla le causaría graves dificultades.
El fallo se produjo después de que Argentina incumpliera el plazo del 10 de enero para pignorar sus activos. Recientemente, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó la creación de la ‘tasa Kicillof’ para comenzar a pagar la deuda, ante la falta de presupuesto para hacer frente a este dictamen judicial.
Esta tasa permitiría pagar esa deuda con un bono perpetuo, obligando a los argentinos a abonar todos los años una determinada cantidad de dólares. Para Milei, esta es la única forma de hacer frente al «error monstruoso» de Axel Kicillof, en la época en la que fue ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina bajo las órdenes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.