Un aumento lineal en los impuestos por tonelada de carbono emitido hasta los 227 euros en 2050 lograría la reducción de emisiones necesaria para cumplir el objetivo de emisiones netas cero de carbono (NZE, según sus siglas en inglés), de acuerdo con una de las principales conclusiones de un estudio que ha publicado este lunes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El informe que ha realizado la organización en conjunto con BBVA Research evalúa los efectos macroeconómicos y sobre el bienestar social en España de distintas estrategias para alcanzar el objetivo de neutralidad en las emisiones de carbono en 2050.
En este sentido, destaca que la implementación efectiva de políticas económicas diseñadas para facilitar la transición hacia la descarbonización influirá de forma significativa en la dinámica macroeconómica y no estará exenta de costes en el corto plazo, aunque el balance a largo plazo pueda ser positivo.
De la comparación de distintas políticas de mitigación, el estudio encuentra que los subsidios a la inversión verde son los que más tiempo requieren para generar una reducción significativa en las emisiones en comparación con otras políticas.
Por otra parte, el aumento en los precios de los combustibles fósiles para desincentivar su uso conllevaría los mayores costes en términos de bienestar, tanto en la transición a 2050 como en el largo plazo.
Por tanto, los impuestos a las emisiones emergen en el estudio como la política preferible en términos de bienestar durante la transición a 2050 aunque, a diferencia de estos impuestos, los subsidios a la inversión verde son capaces de generar ganancias sustanciales en el bienestar a muy largo plazo, incluso sin una política de reducción de emisiones coordinada entre economías.
Por lo que utilizar los ingresos procedentes de impuestos al carbono para financiar subsidios a la inversión verde generaría un efecto de bienestar más equilibrado entre el corto y largo plazo, aunque penalizaría la redistribución de la renta hacia los hogares más perjudicados por la transición energética.
Asimismo, además de lograr la reducción de emisiones necesarias para cumplir con el objetivo de NZE, un aumento lineal en los impuestos por tonelada de carbono reduciría relativamente la pérdida promedio de bienestar resultante de estas políticas durante el periodo de transición, de -0,44% en términos de consumo equivalente desde 2019 hasta 2050, alcanzando puntualmente 1,5 puntos porcentuales de pérdida de consumo equivalente ese año.
Así, el coste en términos de bienestar asociado con la transición hacia las NZE en 2050 continuaría siendo manejable ante una amplia gama de supuestos sobre el comportamiento de la economía, indica el estudio.
Sin embargo, la pérdida media de bienestar aumentaría a -19% en el muy largo plazo que cubre el período desde 2019 hasta 2200, si el resto del mundo no acompañara la política de reducción de emisiones en España.
Además, en ausencia de una estrategia coordinada de mitigación de las emisiones a nivel internacional, es decir, si las emisiones de carbono a nivel global se mantuvieran constantes al nivel de 2019, el estudio proyecta que la temperatura media del planeta aumentaría en 1,8 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales para el año 2050, y en más de 3,5 grados Celsius para el año 2200.
No obstante, en un escenario coordinado donde la economía mundial redujera las emisiones en la misma proporción que la economía española en su transición hasta el objetivo de NZE, la temperatura se mantendría por debajo de 1,5 grados Celsius para el año 2050 y volvería a niveles casi preindustriales para el año 2200.
La conclusión finalmente del estudio es que el impacto positivo en el bienestar de una política coordinada a nivel mundial es muy evidente, aunque tarda varios decenios en materializarse. A largo plazo, el bienestar promedio asociado a un impuesto sobre las emisiones podría aumentar en más del 50% en términos de consumo equivalente entre 2019 y 2200, a medida que la economía mundial evita los daños del cambio climático.