La reforma del subsidio del desempleo, que tiene por objeto modificar las ayudas asistenciales para mejorar la inserción en el mercado laboral, va a suponer en su primer año de aplicación un aumento del gasto público de 648 millones de euros.
Es la principal conclusión de la memoria económica del decreto ley para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, que se ha registrado en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Con la reforma hay nuevos colectivos que pueden percibir el subsidio por desempleo. Estos son los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Para ajustar las cuentas se suprimen, al mismo tiempo, la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo (SED) y los subsidios de liberados de prisión, emigrantes retornados y revisión de invalidez.
AHORRO AL REDUCIRSE EL GASTO EN SUBSIDIOS
Con esta operación el gasto en subsidios se situaría en unos 4.586 millones de euros año, lo que supone una disminución de 101 millones de euros con respecto a la anterior legislación. En el tercer año de aplicación se estima que se producirá un ahorro de 378 millones de euros al año y para el quinto año se estima un ahorro de 369 millones.
De su lado, la exigencia de acreditación del acuerdo de actividad en los subsidios, que, si se realiza por las comunidades autónomas en la misma proporción que en 2023, podría reducir el gasto en 540.000 euros al año. También va a suponer un menor gasto de 94 millones anuales la reducción en el porcentaje a aplicar a la base de cotización de las personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años.
Pero tan sólo el complemento de ayuda al empleo por colocación por cuenta ajena a tiempo completo o parcial supone un incremento anual del gasto de 613 millones de euros.
Y no es la única subida, ya que la modificación de los subsidios agrarios incrementa el gasto en 38 millones, mientras que la modificación de los requisitos de acceso y permanencia de los subsidios suben el un gasto en 92 millones. Por último, la supresión del mes de espera para acceder a cualquier subsidio supone un coste de 100 millones de euros anuales.
Con todo ello, el nuevo decreto va a suponer un mayor gasto de 648 millones de euros en el primer año, de 177 millones en el tercero y empezará a no implicar un mayor gasto a partir del quinto año.
ENTRADA EN VIGOR GENERAL EL 1 DE JUNIO
El decreto, que entrará en vigor con carácter general el 1 de junio, reforma el subsidio para las personas en paro, que será de mayor cuantía durante el primer año de percepción, compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, e irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.
También reduce a dos los supuestos de acceso general a la ayuda, que son el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva y por cotizaciones insuficientes. Además, también se amplía el universo de beneficiarios de unas 800.000 personas a más de un millón, así como las cuantías a percibir durante el primer año de la prestación.
En concreto, la reforma eleva el subsidio, actualmente de 480 euros o el 80% del Iprem, a 570 euros durante los seis primeros meses (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del Iprem). Después de ese año la ayuda se quedaría en 480 euros hasta su extinción con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
Estas cuantías son las que corresponderían al subsidio con el actual Iprem de 600 euros. Si el indicador sube, también lo haría el importe de la ayuda.
En el caso de los mayores de 52 años, se mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero la reforma rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad que si se interrumpe acaba con la ayuda.