El 82,25% de los trabajadores españoles no se ha movido de su municipio en al menos 5 años (el 77,9% en el caso de los parados), según una de las conclusiones del informe «Movilidad laboral y geográfica en el contexto nacional», realizado con datos de los últimos años recogidos por el INE y analizados por la Unión Sindical Obrera (USO).
El informe también destaca que 3 de cada 10 trabajadores no han cambiado de residencia desde su nacimiento. En 2023, únicamente se desplazó un 2,59% de los ocupados. Una cuarta parte de ellos lo hizo a otro país, aunque la mayoría de los desplazamientos se dan en el ámbito de la propia provincia, ni siquiera en la comunidad autónoma.
Asimismo, el sindicato indica que las cifras de traslados, tras un repunte en 2021, al salir de lo peor de la pandemia, se han estancado o incluso bajado más que en 2022, especialmente entre los parados.
Por sectores, el mayor número de ocupados se movió en servicios, que es en términos absolutos el que agrupa al mayor número de personas trabajadoras. Sin embargo, en términos relativos, en construcción se desplazó un porcentaje mayor. Los que más estabilidad generan son la agricultura y la industria.
«En el caso de la agricultura, hay dos tipos de trabajadores muy diferenciados: los temporeros, que provocan ese porcentaje de movilidad, y los estables, que, por la propia naturaleza del trabajo, están pegados a un territorio. Sin esa dependencia de la tierra, podemos decir que la industria es la que genera puestos de trabajo más estables y un mayor arraigo en un lugar», expone la secretaria de Comunicación y Gestión de Proyectos de USO, Laura Estévez.
La secretaria de comunicación de USO también subraya que el arraigo «no es ni bueno ni malo en sí mismo», sino la falta de oportunidades para decidir. Así, señala que las personas deberían tener las oportunidades de trabajo en donde quieren vivir.
En su informe, el sindicato también destaca que entre los parados, la movilidad tampoco es alta: solo el 4,43% ha cambiado de municipio en el último año.
Por último, USO indica que es necesaria una reforma al Servicio Público de Empleo. «Debe dejar de ser un mero gestor de prestaciones y cumplir con su cometido de casar vacantes con demandantes de empleo. Para ello, es necesario una mayor colaboración entre las oficinas autonómicas y, sobre todo, reforzar las plantillas. Los trabajadores deben poder dedicar tiempo a cada demandante, con itinerarios y orientación laboral personalizada», reclama la sindicalista.