La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha lamentado que el Gobierno haya decidido mantener el impuesto extraordinario al sector energético, haciéndolo «permanente», y se ha mostrado en contra de la decisión de iniciar el camino para recuperar la fiscalidad que pesaba sobre el recibo de la luz en el pasado.
En un comunicado, la presidenta de la patronal eléctrica -la antigua Unesa y de la que forman parte como socios Iberdrola, Endesa y EDP España-, Marina Serrano, considera que se trata de un impuesto que se justificó por su carácter temporal «derivado de una coyuntura excepcional».
Por ello, considera que el hecho de que ahora se establezca el mantenimiento de este impuesto, «es convertirlo en permanente, cuando han desaparecido las circunstancias que dieron pie a su implantación».
Serrano subraya que el gravamen temporal sobre los ingresos de las energéticas en vigor este año y en 2024 no estaba en línea con lo establecido en la Unión Europea, ya que el impuesto europeo se destinaba a gravar los beneficios y no los ingresos, y establecía «un impuesto únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas».
En lo que respecta a las medidas fiscales, Serrano advierte de que en el caso del aumento del IVA del suministro eléctrico del 5% al 10% durante todo el 2024 debería valorarse el mantenimiento de un IVA reducido a más largo plazo «por sus efectos antiinflacionistas y para evitar gravar los consumos eléctricos finales que contribuyen a la descarbonización».
GRAVAR LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS MIENTRAS SE SUBVENCIONA EL GAS.
En lo que se refiere a la retirada gradual de la bajada del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) señala que gravar consumos eléctricos finales mientras se subvenciona la tarifa regulada de gas «no es consistente con los objetivos de descarbonización».
Igualmente, sobre la reimplantación gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) apunta que traerá consigo «una pérdida de competitividad de la generación de energía eléctrica en España frente a la producción en terceros países».
«El restablecimiento del IVPEE supondrá una penalización para la electricidad, dificultando la inversión en nueva producción renovable, en un momento en que las señales deberían ir precisamente en sentido contrario», advierte.
Por otra parte, Serrano aplaude la prórroga de los plazos establecidos para la conexión a red de los proyectos de energías renovables hasta los ocho años, ya que «busca evitar tensiones en la cadena de valor que podrían encarecer los proyectos y aumentar las importaciones de bienes de equipo».
Finalmente, sobre el mantenimiento de los descuentos del bono social y de la prohibición de la interrupción del suministro como protección a los consumidores vulnerable, considera que se debe «avanzar en la definición de criterios objetivos para la determinación de la situación de vulnerabilidad, sobre la base de la renta efectiva disponible y de la relación del coste de la factura energética sobre los ingresos efectivos, de manera que se garantice que la ayuda llega a los colectivos que la necesitan».