Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Gobierno en un comunicado de prensa este jueves la transposición a la normativa laboral española de la Directiva 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, algo que se debería haber realizado antes del 1 de agosto de 2022, señala el sindicato.
CCOO explica que a pesar de que se había tratado en el ámbito del diálogo social hace más de año, su aprobación se ha ido posponiendo
«sin justificación alguna». Añade que se anunció su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado día 19 de diciembre, «pero ni en ese ni en el celebrado en el día de ayer se ha tratado su transposición».
El sindicato también añade que este «retraso injustificado» está suponiendo una merma de derechos laborales exigidos por la UE para todas las personas trabajadoras, y que su incumplimiento ha conllevado el emplazamiento de la Unión Europea en septiembre de 2022.
Además, el pasado 1 de junio de 2023 recibió un dictamen motivado de la Comisión dando un plazo de dos meses para llevar a cabo dicha trasposición, que de no hacerse podrá llevar el asunto al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea para la imposición de sanciones económicas, que pueden ser millonarias.
«Ya se ha superado sobradamente ese plazo y ya no puede usarse la excusa de un Gobierno en funciones, con lo que en cualquier momento la Comisión podrá llevar el incumplimiento a la UE», explican desde CCOO.
Asimismo, afirman que «es difícil de comprender el silencio que mantiene el Gobierno acerca de esta directiva y nadie explica a que obedece el incumplimiento de su transposición».
«Solo las organizaciones empresariales se han opuesto, pero parece que cuentan con derecho de veto en las decisiones del Consejo de Ministros», se lamentan desde CCOO.
La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora importantes mejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras sobre las condiciones en las que se debe desarrollar su trabajo, aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de estas y sobre la antelación con la que deben conocerse elementos como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial entre otros, detalla el sindicato.
Por tanto, CCOO señala que procederá a denunciar el incumplimiento de España «en todas las instancias, incluidas las comunitarias», y a exigir la aplicación directa de la Directiva a las relaciones laborales en España, «lo que sin duda incrementará la litigiosidad».