Los efectos del cambio climático, fundamentalmente marcado por la sequía que ha sufrido todo el territorio nacional, y el «infierno» burocrático de la nueva Política Agrícola Común (PAC) han condicionado un año agrario que ha estado marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, según el balance de 2023 realizado por COAG.
La organización agraria ha recordado el escenario de sequía severa que se ha extendido por toda la España seca, produciendo importantes pérdidas en diferentes tipos de cultivo, con especial gravedad los daños en los cultivos de cereal en tierras de secano, que ha sufrido pérdidas de enre el 60% y el 80%.
De esta forma, COAG ha alertado de que la situación es «muy grave» en todas las regiones, lo que ha supuesto grandes pérdidas y se han visto afectados todos los cultivos, en especial el cereal.
Además, la ganadería también se ha visto fuertemente afectada al encontrarse los pastos de primavera totalmente perdidos, provocando un fuerte aumento de los precios del forraje, mientras que la apicultura cierra un año negativo, encadenando dos años de fuertes pérdidas.
Otro fenómeno que ha sido recurrente en 2023 son las lluvias torrenciales a nivel general, que poco ayudan ni al campo ni a la reposición de los embalses, ya que se están produciendo en zonas muy
específicas además de los enormes daños que se están produciendo, como es el caso de la Región de Murcia.
Las lluvias de otoño han beneficiado especialmente a los cultivos leñosos, para evitar la pérdida del árbol y poder salvar algo la campaña, y a los sectores ganaderos por el enriquecimiento de los pastos.
En este aspecto, COAG ha recordado que hace unas semanas en la reunión mantenida con Enesa, Agroseguro y el Consorcio de Compensación ha propuesto un pacto de Estado para acometer una reforma estructural del seguro agrario ante el nuevo contexto de emergencia climática.
«INFIERNO BUROCRÁTICO» DE LA NUEVA PAC
Respecto a la entrada en vigor de la nueva PAC en España, la organización agraria ha calificado de «infierno burocrático», ya que se ha incrementado de una «forma desmesurada» la complejidad regulatoria para el agricultor y el ganadero y a lo que se le une la continua generación de normativa ambiental que incide directamente en la actividad agraria.
Con el inicio de la solicitud de la PAC 2023, COAG ha recordado que solicitó al Ministerio de Agricultura la «urgente e imprescindible»
clarificación y aplazamiento de los plazos de entrada en vigor previstos en los Reales Decretos de la nueva PAC.
La organización agraria ha precisado que esta nueva normativa en vigor ya afecta de forma importante y preocupante a la gestión de las explotaciones y las prácticas agrarias, a la vez que implica multiplicar las exigencias burocráticas y mayores costes. «Existe el riesgo de alcanzar un colapso administrativo en el campo si la gestión se sigue complicando, de consecuencias imprevisibles para el tejido productivo y la propia producción agraria», han recalcado, al tiempo que señalan que se genera un «importante problema de inseguridad jurídica provocada por la complejidad regulatoria».
De esta forma, COAG ha calificado el Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura de «decepcionante», ya que consideran que España ha desaprovechado el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario, mayoritario en España.
Así, ha señalado que la definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores
cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.
Por otro lado, la organización agraria, tras analizar los datos de los últimos años de la renta agraria, ha lamentado que en términos reales en los últimos 20 años, el sector ha perdido un 15% de la renta agraria en términos.
El aumento del 5,5% de la renta agraria en 2023 se produce tanto por el ascenso del valor de la producción, que alcanza un nuevo máximo de la serie con 65.081 millones de euros, como por la caída del precio de los costes de producción.
Respecto al empleo, el número de trabajadores en el campo se ha recortado un 5,5% en 2023, mientras que el número de Unidades de Trabajo Agrario (UTAs) está un 6,6% por debajo de la media de los últimos cinco años, que acentúa la significativa pérdida de 215.000 activos en 20 años.