La Asociación Bancaria, el sindicato en el que están organizados los trabajadores de las entidades bancarias que operan en Argentina, ha manifestado su rechazo total al decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado el miércoles por el presidente de Argentina, Javier Milei, por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
En un comunicado emitido este jueves, la asociación ha repudiado «enérgicamente» la norma y se ha declarado en estado de alerta y movilización, en defensa de los trabajadores y el pueblo en su conjunto. «Nos veremos en las calles, no estamos dispuesto a aceptar este brutal y salvaje ajuste, ni tampoco a resignar ningún derecho», ha expresado.
A su juicio, «no hay necesidad ni urgencia» para esta batería de medidas, que van «claramente en perjuicio y detrimento» del pueblo argentino y sus trabajadores.
El DNU contiene 366 artículos encaminados a «destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor» y en su primer artículo declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025».
Asimismo, el Gobierno promoverá «un sistema económico basado en decisiones libres» mediante la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional», razón por lo que ha dejado «sin efecto» cualquier restricción sobre la oferta de bienes y servicios y las normas que «distorsionen los precios de mercado, impidan la libre iniciativa privada o eviten la interacción espontánea de la oferta y de la demanda».
Respecto a las empresas públicas, el mandatario ha anunciado la eliminación de la normativa que impide su privatización y las transformará en sociedades anónimas como paso previo a su venta; también se reformarán las leyes laborales para «facilitar el proceso de generación de empleo genuino».
Entre las compañías que afectan al sector bancario, desde el sindicato han asegurado que no van a permitir que el Banco Nación y los bancos públicos en general, sean convertidos en una sociedad anónima para su posterior venta o liquidación, «como si se tratara de un negocio más». «Hay una función social que nunca debe resignarse y es la razón de ser de este tipo de instituciones», han concluido.