BBVA ha rechazado este viernes dispensar del secreto profesional a varios de sus directivos, entre ellos la directora global de Jurídico, María Jesús Arribas de Paz, para que puedan responder a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos trabajos que el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo habría realizado para la entidad.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en la vista celebrada este viernes el representante legal de BBVA ha alegado que es una coacción difícilmente admisible que se solicite interrogar a su abogado y entregar comunicaciones entre los abogados externos de la entidad y sus asistentes técnicos, y el producto del trabajo de dichos asistentes, como requisito de colaboración con la Justicia.
A la citada vista, que ha durado solo cinco minutos, han acudido el propio secretario judicial, el representante legal del banco y la Fiscalía Anticorrupción. Otras fuentes consultadas señalan que más adelante se celebrarán otras comparecencias con el objetivo de estudiar cómo se extraen los archivos de las periciales.
Cabe recordar que, en el auto por el que acordó la celebración de esta vista, el magistrado dejó sin efecto la declaración como testigo del presidente del BBVA, Carlos Torres, celebrada el pasado 16 de octubre por haberse acordado fuera del plazo de vencimiento de la instrucción.
Las fuentes consultadas explican que el hecho de anular la declaración de Torres y de llamar a BBVA a sede judicial, pero no para celebrar un interrogatorio al uso, se fundamentaban en la decisión adoptada por la Sala de lo Penal esta misma semana.
En concreto, los magistrados fijaron que la investigación debía concluir el próximo 29 de enero de 2024 y que las diligencias acordadas con posterioridad al auto por el que juez decidió prorrogar la instrucción –el pasado mes de julio– quedaban sin efecto.
Todo ello en el marco de esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. En la misma se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt –empresa de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.