La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera «imperativo» para España acelerar el ritmo de la consolidación fiscal, para lo que propone una batería de medidas, incluyendo la retirada del ‘escudo antiinflación’ una vez que la recuperación «está firmemente en marcha», así como subidas de impuestos y ajustes en las pensiones, cuyo impacto neto presupuestario estima en unos 6.800 millones de euros.
«Es imperativo acelerar el ritmo de consolidación fiscal, dadas las perspectivas demográficas y la elevada deuda pública», recoge el ‘think-tank’ de las economías avanzadas en su ‘Estudio Económico de España’, presentado este miércoles en Madrid.
La OCDE, que prevé que el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB para bajar al 3,5% el próximo año, mientras que la deuda superará el 109% en 2023 y llegará al 110% en 2024, considera que será necesaria una consolidación fiscal sostenida para reducir la relación deuda pública/PIB y crear espacio para el gasto necesario y para responder a shocks futuros.
«Dadas las malas perspectivas demográficas y las consiguientes presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento, así como la necesidad de gastar más en la transición verde, parecería prudente acelerar el ritmo de consolidación fiscal para restaurar los niveles de deuda anteriores a la Covid en unos pocos años», advierte.
En este sentido, ante la magnitud de los desafíos de las finanzas públicas a largo plazo, la OCDE considera que España debe adoptar un plan de medio plazo para acelerar el ritmo de reducción del déficit y advierte de que dicha consolidación fiscal probablemente tendrá que depender tanto de mejorar la eficiencia del gasto como de movilizar ingresos adicionales.
De este modo, la organización liderada por el australiano Mathias Cormann detalla, a modo ilustrativo, que eliminar algunos tipos reducidos del IVA supondría una recaudación extra de 5.000 millones de euros (0,4% del PIB); aumentar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco reportaría 1.300 millones (0,1%); subir los impuestos ecológicos, en particular sobre el carbono, unos 5.000 millones (0,4%), mientras que aliviar los impuestos no recurrentes sobre la propiedad reduciría 1.500 millones (-0,1%) y reducir la carga fiscal para los hogares de bajos ingresos con niños restaría 3.000 millones (-0,2%), con un efecto neto de 6.800 millones.
En cuanto a las medidas sobre el gasto planteadas, la OCDE estima que vincular la edad de jubilación legal a la esperanza de vida aportaría 1.500 millones (0,1%); aumentar la vivienda social en alquiler costaría 1.000 millones (-0,1%), lo mismo que incrementar las prestaciones en efectivo para las familias pobres con niños, mientras que implementar las recomendaciones sobre gasto del Consejo Fiscal aportaría 2.000 millones (0,2%) y aumentar la financiación para Educación y cuidado infantil costaría 1.500 millones (-0,1%), con un efecto neto neutro.
En el caso del IVA, la OCDE considera que el impuesto está «infrautilizado», ya que las exenciones y los tipos reducidos (especialmente en hoteles y restaurantes) reducen significativamente los ingresos por IVA y contribuyen a la mala eficiencia de España en la recaudación del impuesto.
En este sentido, sostiene que los tipos reducidos del IVA «benefician desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos» y plantea que el Gobierno podría considerar avanzar hacia un tipo único y uniforme del impuesto a medio plazo ampliando gradualmente la base del IVA y compensando a los grupos de ingresos más bajos mediante un gasto específico para reducir las distorsiones y lograr una mayor equidad.
En la presentación del Estudio en Madrid, la economista jefe de la OCDE, Claire Lombardelli, ha señalado que el caso de España no es excepcional, ya que muchas economías europeas tienen un sistema de IVA con muchas exenciones y tasas más bajas en ciertas áreas.
«Siempre es un desafío abordarlas, pero creemos que es un área que debe examinarse debido en particular al impacto distributivo de estas exenciones que a menudo pueden beneficiar a las personas que se encuentran en niveles de ingreso más altos», ha defendido.
En cuanto a la posibilidad de que los impuestos extraordinarios sobre los beneficios de la banca y de las compañías energéticas acaben siendo permanentes, Lombardelli ha evitado entrar en detalles, limitándose a apuntar que, en términos de ingresos, España tiene una relación impuestos/PIB relativamente baja en comparación con la media europea.
«Sería sensato hacer una especie de pausa y examinar las bases impositivas y ver dónde están esas diferencias, qué las impulsa y qué cambios podrían realizarse para aumentar los ingresos y, por lo tanto, contribuir a la política de consolidación fiscal que se necesita», ha sugerido.