El acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar incluye la promesa de duplicar los beneficiarios del bono social eléctrico de 1,5 a 3 millones de personas, así como la creación de un nuevo regulador energético que se llamaría Comisión Nacional de Energía.
En un documento en el que las dos formaciones han desgranado las 230 medidas que quieren llevar a cabo durante la legislatura, las dos formaciones de izquierda han detallado sus compromisos en materia energética de conseguir conformar un Gobierno.
En este contexto, han prometido revisar y desplegar la estrategia contra la pobreza energética, reforzando para ello los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarían a cabo «los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico».
En la presentación del acuerdo, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha detallado que la cifra de beneficiados de esta factura más asequible pasaría de 1,5 a 3 millones de personas.
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Asimismo, PSOE y Sumar se han comprometido a implantar una Comisión Nacional de la Energía, que haría las veces de regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática.
Aquí también se reforzarían las capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores.
Pero el acuerdo de coalición también pone en el punto de mira la transición energética, de manera que los dos partidos se han comprometido a revisar los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición.
De este modo, España realizaría la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050.
MÁS ENERGÍA RENOVABLE Y AUTOCONSUMO
En esta línea, los dos partidos quieren impulsar las energías renovables mediante la simplificación y agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promover las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo.
En materia de energía renovable, los socios quieren trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones.
En las subastas futuras, PSOE y Sumar quieren reservar una cuota específica para instalaciones renovables de pequeño tamaño, las promovidas por entidades locales, ciudadanas y/o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad, y se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad e impacto de la cadena de valor.
Sobre el autoconsumo, el posible futuro Gobierno quiere hacer una «prioridad» potenciándolo con políticas públicas específicas para lograr el objetivo de 19 gigavatios (GW) instalados en 2030. PSOE y Sumar han señalado que para alcanzar este hito modificarían «todas las barreras existentes para que el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas puedan desarrollarse».
CIERRE DE NUCLEARES PLANIFICADO
También se han comprometido PSOE y Sumar a garantizar que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo, creando un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables.
ACABAR CON LOS ‘BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO’
En lo relativo a la reforma del mercado eléctrico mayorista, los dos partidos se han comprometido a profundizarla para resolver «los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo».
En materia de energía nuclear el acuerdo sigue una línea continuista, marcando como objetivo un cierre de las centrales «planificado, seguro, ordenado y justo socialmente», escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035.
Adicionalmente, existe el compromiso de aprobar el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos, que integrará las necesidades para la gestión de estos residuos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales.
Ya por último, el futurible Gobierno se ha comprometido a actualizar la Ley de Aguas para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua su gestión en clave de emergencia climática.