La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha trasladado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, su preocupación porque aún no se ha hecho pública la designación de una «administración competente» para la gestión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés).
De hecho, el director general de la asociación, Andrés Barceló, ha asegurado que tras la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea sobre esta cuestión, a efectos informativos, el pasado 1 de octubre, «este tema resulta de urgencia extrema».
Además, considera que «existen muchas dudas en el mercado sobre los modos de actuación y, aunque la Comisión Europea ha publicado alguna guía explicativa, los temas no están lo suficientemente claros».
Por ello, desde el sector necesitan «con premura un interlocutor en la Administración al que consultar las dudas», algo que Barceló considera «indispensable» dado los muchos aspectos técnicos implicados.
COSTES CLIMÁTICOS
Desde Unesid han explicado que con el CBAM la UE pretende, por un lado, «equilibrar las reglas del juego y evitar la discriminación medioambiental que sufren las empresas europeas desde hace décadas», y por otro, «incentivar el proceso de descarbonización en los países terceros que van más retrasados».
En este sentido, el director general de Unesid ha señalado que, «lamentablemente, las exportaciones de la Unión Europea seguirán teniendo que absorber los costes climáticos que impone la regulación europea sin ninguna compensación, lo que continuará suponiendo una clara desventaja competitiva para las empresas europeas».