Los diputados de Izquierda Unida integrados en Sumar, Fèlix Alonso y Enrique Santiago, han trasladado al Gobierno su preocupación por los «efectos laborales» para los actuales trabajadores de Iberia que puede suponer la adjudicación a terceros de los servicios de asistencia en tierra (‘handling’) para los próximos siete años en la mayoría de aeropuertos.
A través de una iniciativa parlamentaria registrada en el Congreso, la formación explica que, en este concurso de licitación convocado por Aena, la aerolínea ha perdido la licencia en los principales aeropuertos españoles como Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol y Alicante-Elche, con la excepción de Madrid-Barajas.
Es por ello que los diputados de Sumar, cuya líder (Yolanda Díaz) dirige el Ministerio de Trabajo, piden al Ejecutivo en funciones que explique si «considera que el resultado del concurso de las licencias de ‘handling’ podría comprometer la estabilidad del sector y las condiciones laborales de las plantillas». Asimismo, preguntan al Gobierno si cree que la ausencia de Iberia en el ‘handling’ «podría acabar por significar el control del capital extranjero de un sector estratégico para el país».
IBERIA IMPUGNÓ EL CONCURSO
Según advierte, existe la posibilidad de que «pueda producirse» una «bajada en las condiciones generales de las personas trabajadoras en el futuro con la práctica desaparición de Iberia en los aeropuertos españoles», como consecuencia de que esta compañía tiene «un convenio colectivo más avanzado en términos económicos y sociales en comparación con el resto de las empresas del sector».
También piden los diputados la valoración del Ejecutivo sobre si considera que el regulador aeroportuario Aena podría «revocar el resultado de la adjudicación del ‘handling’ si las empresas incumplen el convenio del sector en las subrogaciones».
Iberia impugnó el resultado de la licitación del ‘handling’ tras considerar que Aena pudo haber cometido «irregularidades» en el procedimiento. En concreto, la aerolínea del grupo IAG presentó el pasado viernes una reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACR) frente a la resolución del concurso del contrato de asistencia en tierra.