El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros.
Según ha informado el propio tribunal, se tratará de una «primera deliberación» de este asunto, cuya ponencia ha recaído en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer.
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía y Galicia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente, pero el Constitucional lo denegó.
Madrid alega que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.